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Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve en la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un “cambio sideral” de la postura de México con respecto a la búsqueda de la verdad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
“Estoy absolutamente convencido de que sí hay un cambio de actitud”, dijo el colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, comisionado de la CIDH encargado del caso Ayotzinapa y relator para los derechos de los migrantes. Según el magistrado, el decreto de creación de una Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos demuestra la “vocación absolutamente indeclinable” del gobierno de López Obrador.
Reconoció que la administración anterior, liderada por Enrique Peña Nieto, “colaboró” para que el mecanismo de seguimiento del caso pudiera trabajar sobre el terreno, grupo que en su informe final, publicado hace menos de un mes, concluyó que la investigación había sido “fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa”, y urgió a determinar la participación policial y militar en la desaparición de los estudiantes.
Vargas Silva destacó que el gobierno de López Obrador ha cambiado su actitud con respecto al trabajo de la CIDH y en sus obligaciones para llegar a una resolución de un asunto que “duele muchísimo, un drama que sienten todo el tiempo los padres y las madres de estas personas víctimas de la desaparición”.
Aplaudió la supercomisión, decretada de manera simbólica el pasado lunes y que retomará investigaciones realizadas por organismos como la CIDH, y esperó que las “buenas prácticas” se extiendan por la región.
La Comisión de la Verdad estará encabezada por el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien estuvo este miércoles en Washington para asistir al 170 periodo de sesiones de la CIDH, representando al Estado mexicano en una audiencia sobre desapariciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde asumió que el país vive una “crisis humanitaria” con el “gravísimo tema de desapariciones”.
Según los peticionarios, al menos 51 personas desaparecieron este año en Nuevo Laredo, todas en actos presuntamente orquestados por la Marina mexicana, y sobre las que no hay ninguna investigación abierta.
