Legisladoras del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República propusieron emitir una nueva ley para obligar a los servidores públicos a capacitarse cada año en materia de género, y así garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
La propuesta de Ley General de Capacitación Obligatoria en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres del Estado Mexicano obligaría al gobierno a preparar a sus trabajadores y, sobre todo, a quienes atiendan potencialmente a mujeres.
“Se propone que todos los servidores públicos y prestadores de servicios, sin importar su rango, jerarquía o modalidad de contratación, tengan la obligación de capacitarse anualmente, a través del Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres], en materia de género”, señala la propuesta.
El Inmujeres y los organismos locales pares deberán rendir un informe anual al Senado sobre el avance de la capacitación y la modalidad en la que se está llevando a cabo, así como los detalles sobre el avance de los servidores participantes en la misma.
Con esa ley, los funcionarios tendrían la obligación “de desempeñarse con estricto apego a la protección de la dignidad de las mujeres y de promover una cultura incluyente, respetuosa”, así como de capacitarse y actualizarse cada año en la materia.
De acuerdo con la iniciativa, el Inmujeres podrá difundir los nombres y cargos de las personas que, sin causa justificada, no asistan o se nieguen a participar en la capacitación obligatoria, quienes se harían acreedores a un apercibimiento. Posterioremente, se les notificaría la fecha y lugar para que tomaran el taller.
El proyecto de ley contempla que en caso de que el servidor público sea recién llegado al gobierno, contará con un plazo de 90 días para solicitar la capacitación ante el Inmujeres o alguna otra instancia que también lo ofrezca en los mismos términos.
Asimismo, la propuesta incluye que el Estado mexicano sea capaz de establecer la Estrategia Nacional de Capacitación Obligatoria en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres como una política obligatoria en cada sexenio.
Además, la implementación y administración del Sistema Nacional de Capacitación en Materia de Género, la difusión de los avances logrados, certificar la calidad de las capacitaciones y realizar recomendaciones, así como propuestas con el fin de mejorar la elaboración de materiales.
La propuesta incluye a los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, pero será conforme a la capacidad de los estados y municipios la formulación y conducción de la política local en materia de capacitación obligatoria.
La iniciativa especifica que cada entidad de gobierno deberá contar con una Unidad de Género que tenga capacidad para preparar en materia de género a todo el personal, sin importar su jerarquía, con base en los principios de igualdad y no discriminación.
Esa unidad también podrá prevenir, sancionar y erradicar la discriminación por razones de género, el hostigamiento y acoso laboral, y diseñar los planes de trabajo y de capacitación, para lo que debe trabajar de la mano con los institutos de defensa de la mujer locales y el Inmujeres.
La iniciativa prevé que, mientras no se redacte un reglamento para la nueva legislación, las capacitaciones deberán comenzar en un plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto.
