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La diputada Karina Barrón Perales (PRI) planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer que los servidores públicos del Poder Judicial sean sujetos a una sanción administrativa de 15 años, en caso de que incurran en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes.
Propuso que dicha pena administrativa, más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate, se aplicará a quienes no se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
Barrón Perales dijo que los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y los legislativos, deben considerar de manera primordial, el interés superior de los menores, evitando a toda costa todo aquello que los afecte.
Por lo que recalcó, es obligación de los jueces, examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa que beneficie a los infantes, mientras, agregó, los legisladores deben adquirir el compromiso de trabajar para proteger y cuidar de la población infantil.
“Los niñas, niños y adolescentes representan 25.3% (31.8 millones) de la población total del país y por desgracia, son parte también de una de las poblaciones más vulnerables al no atenderse sus necesidades sino por la falta de tratamiento como un sector prioritario de la sociedad”, advirtió la iniciativa.
Añadió que el Poder Judicial no toma en cuenta el interés superior de la niñez al momento de dictar sentencia, lo cual va en detrimento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“Sus necesidades y demandas no son tomadas en cuenta por las autoridades y peor aún, si este menoscabo está originado por los integrantes del Poder Judicial, dejando a un lado la prevalencia que debe tener el interés superior de la niñez, omitiendo su trabajo desde la investigación de los delitos cometidos en contra y perjuicio de las niñas, niños y adolescentes hasta en la emisión de sus fallos y sentencias, totalmente en detrimento de los menores de edad”, dijo.
Por ello existe la necesidad de que el Poder Judicial atienda y resuelva los delitos cometidos en contra de la niñez, protegiéndolos en las resoluciones. Así como hacer valer su integridad y derechos en la emisión de sus fallos y sentencias.
Refirió que por ello es importante adecuar las disposiciones legales sobre la responsabilidad de servidores públicos para endurecer la falta de cumplimento de sus atribuciones, funciones y encomiendas que les son conferidas en las disposiciones legales federales.
