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La bancada del PRD en San Lázaro impulsa una iniciativa para elevar las penas por delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y pederastia.
La diputada perredista Olga Luz Espinosa planteó reformas al Código Penal Federal que buscan considerar que serán imprescriptibles las sanciones en los delitos de pederastia, pornografía y turismo sexual, a fin de agregarlos a lo establecido para casos de corrupción de menores y lenocinio.
Señaló que a quien cometa el delito de corrupción de menores mediante acciones u operaciones a través de tecnologías de la información que dañen sus bienes o su persona, se le impondrá una pena de prisión de seis a 10 años.
Argumentó que el delito de corrupción de menores, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), registró un alza de 22% en 2019 con relación a 2018, al pasar de mil 487 a mil 817. En tanto, el primer trimestre de 2020 el aumento fue de 11.7% con relación al mismo periodo de 2019.
También expuso que, por el delito de pornografía de menores de edad, la sanción de prisión sea de 10 a 20 años y no de siete a 12 años, como se establece en la ley vigente.
Consideró que con esta modificación se combatirá este delito, toda vez que 60% de la pornografía infantil en el mundo es generada en México.
Detalló que, en 2020, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional dio a conocer que, derivado del confinamiento, las denuncias por pornografía infantil en el país crecieron 73% entre marzo y abril.
Respecto al turismo sexual, argumentó que, según la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. En 20% de estos desplazamientos el sexo es buscado por los turistas, ya que 3% confesó tener tendencias pedófilas.
“Esto supone que más de tres millones de personas viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad”.
Refirió que ante lo alarmante de estos datos y las situaciones en las que viven los menores, en condición de turismo sexual, su propuesta contempla que al autor de este delito se le aplique una pena de 10 a 20 años de cárcel, en lugar de siete a 12 años de prisión.
