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El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará este miércoles al Congreso de la Unión su iniciativa para modificar el artículo tercero de la Constitución que busca dar marcha atrás a la reforma educativa aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con el apoyo del PRI, PAN y PRD.
La propuesta de reforma, que ha sido nombrada como la “cancelación de la mal llamada reforma educativa” y será enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, contempla evaluaciones formativas para los docentes que serán “para mejorar” y no estarán vinculadas con la permanencia en el empleo.
“En el entendido de que el magisterio no se opone a la evaluación cuando ésta es formativa, es decir, cuando se acompaña de los programas pertinentes de capacitación y actualización, precisamos que habrá mediciones y valoración del desempeño profesional que serán para mejorar el ejercicio docente”, se especifica en la propuesta.
Los cambios contemplan “consagrar” en la Constitución el derecho de los profesores para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua, y la “revaloración social” de los maestros a través de la creación del Servicio de Carrera Profesional del Magisterio.
“Se reconoce por primera ocasión al magisterio como agente primordial de la transformación social”.
Se establece que deberá darse “atención prioritaria” al fortalecimiento de las escuelas de formación inicial para maestros, que son las escuelas normales, y de las instituciones de educación superior que brindan formación para actualizar sus métodos de enseñanza, “y mejorar la calidad de la educación”.
Por primera vez en el texto constitucional aparecerá el concepto de niñas, niños y jóvenes, “a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado”.
También se amplía el principio de obligatoriedad para abarcar a la educación superior. En la actualidad la Constitución establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado impartirá preescolar, primaria, secundaria, que conforman la educación básica, y media superior; la básica y la media superior son obligatorias.
Con los cambios que presentará hoy el presidente López Obrador, “a los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de ser universal, con equidad y excelencia. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior”.
Este será el marco en el cual el gobierno federal implementará el programa para la creación de 100 universidades públicas.
En Palacio Nacional el Presidente hará hoy el anuncio oficial. El proceso consistirá en que la SEP entregará la iniciativa a la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, y ésta a su vez la presentará al Congreso.
De acuerdo con cifras oficiales, se tiene registro de que en el país existen un millón 354 mil 484 docentes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato imparten clases en escuelas públicas del país. Y durante el sexenio pasado fueron evaluados para su permanencia en el magisterio nacional 391 mil 975 profesores de educación básica y media superior.
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó los foros de la Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad, que se celebraron en 31 entida des federativas del país y en la que se presentaron 64 mil 213 propuestas, a partir de las cuales se conformará el nuevo acuerdo educativo.
El martes, López Obrador aseguró que dará a conocer los detalles de su nuevo programa educativo, el cual garantiza el derecho de todo mexicano a estudiar con educación de calidad, y dijo que analizará si envía la iniciativa de cancelación de la reforma educativa al Senado o a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso legislativo correspondiente.
En diciembre de 2012, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció el Pacto por México, una alianza que firmaron en diciembre de 2012 los entonces mayoritarios partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN). De este pacto surgió como primer tema la llamada “reforma educativa”.
El 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Educación y las leyes General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
El punto de la reforma que generó más polémica y enojo entre los profesores fue condicionar la permanencia en el empleo a los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño; ésta era obligatoria y estandarizada, y generó la conceptualización de los profesores como “idóneos” o “no idóneos” a partir de los resultados obtenidos en el examen.
INEE advierte que no debe desaparecer. El día de ayer, el INEE advirtió que si se le desaparece, México se compararía con Venezuela y Haití, “de los pocos” países en el continente donde el aprendizaje de sus alumnos no es evaluado por instancias internacionales.
En un documento, el instituto señaló que el país requiere “apuntalar” la mejora de la educación con base en “evaluaciones objetivas y confiables”, y un instituto de evaluación autónomo “para que quien evalúa no sea el mismo que implementa”.
Aunque hasta el momento no se sabe si la cancelación de la reforma ediucativa implicará también la desaparición del instituto o si mantendrá su autonomía de gestión y presupuestal.
El instituto considera que el discurso sobre educación y evaluación “está sobresimplificado”, puesto que los procesos de evaluación son competencia de la SEP.
***Con información de Alberto Morales y Misael Zavala
