A nombre de la fracción de Morena, el diputado Ignacio Mier presentó una iniciativa para recortar más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, a fin de que “todas las disponibilidades que en existan en estos fondos y fideicomisos se reintegren a las finanzas del Estado mexicano”.
La propuesta plantea expedir la ley orgánica del poder judicial de la federación en materia de fondos y fideicomisos, bajo el argumento de que México está “en un momento de refundación institucional”, por lo que el Poder Judicial está obligado a aplicar la austeridad.
En su exposición de motivos, el legislador denunció que entre las prestaciones para los ministros, a través de fondos y fideicomisos, se encuentran apoyo para medicamentos, en el que se incluye al ministro/a y a su cónyuge, que es de 188 mil 99 pesos cada año; apoyo de lentes, que contempla a los ministros, sus cónyuges e hijos, que es de 3 mil 100 pesos anuales para cada uno de los integrantes de la familia; recursos para contratación de personal en la oficina de cada ministro, que contempla el otorgamiento de 5 millones 540 mil 930.32 pesos mensuales; un estímulo por antigüedad de mil pesos mensuales; un pago de defunción, por un millón 189 mil 615.08 pesos; 30 mil pesos de ayuda de gastos funerales; seguro de vida por 12 millones de pesos y seguro de gastos médicos por 30 millones de pesos, entre otras.
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Por lo anterior, la iniciativa propone que únicamente se conserven los fondos y fideicomisos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se extingan aquellos mandatos que se hayan constituido y desarrollado fuera del amparo de dicha ley.
Lo anterior representa que sólo uno de los 14 fideicomisos quede vigente, siendo éste el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, que cuenta con 6 mil 104 millones de pesos, mientras que los 15 mil 425.9 millones de pesos que restan en los otros 13 fideicomisos “deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
De los 14 fideicomisos, seis corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; seis más son del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y otros dos le corresponden al Tribunal Electoral, en los que tiene 15 millones 941 mil pesos.
Se agrega que, a sabiendas de que algunos fideicomisos resguardan recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, “los actos de extinción de estos mandatos jurídicos deberán respetar los compromisos contractuales de los mismos y respetar los derechos que se hayan generado, cubriéndose los montos que correspondan con cargo a los propios fideicomisos”. Debido a lo anterior, “una vez solventados dichos compromisos, los recursos federales remanentes, incluyendo los productos y rendimientos que hayan generado a lo largo de los años, generando ahorros financiados por el presupuesto público, también deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación”.
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En conferencia de prensa, Ignacio Mier advirtió que, pese a dicha reforma para recortar más de 15 mil millones al Poder Judicial, no descarta dar un tijeretazo al presupuesto de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral para 2024.
“No lo descartamos porque vamos a revisarlo, pero el propósito es, con la mayor responsabilidad pública, velar porque se garantice el compromiso al derecho a la justicia, su revisión tiene que estar en función de la distribución del gasto que esté orientado al cumplimiento del derecho a la justicia”, dijo.
La iniciativa ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y fue turnada a la Comisión de Presupuesto para su análisis y discusión.