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En México se han registrado al menos mil 504 víctimas de desaparición forzada en los últimos cinco años. Se trata de un delito cometido con ayuda de autoridades de los tres niveles de gobierno y que en la mayoría de los casos permanece impune.
Desde 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha hecho un registro de las personas afectadas directamente por este ilícito, así como las que lo viven cuando algún familiar sale de su casa y desaparece sin dejar rastro.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y Amnistía Internacional son algunas de las instancias y asociaciones que se han pronunciado sobre el tema, pidiendo al gobierno que actúe de forma inmediata y que castigue a los responsables.
Aunque especialistas consultados aseguraron que los contextos y los perfiles de las víctimas son variados, la desaparición forzada no distingue género; la CEAV contabiliza 810 hombres afectados y 694 mujeres.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en medio de un cúmulo de casos que va en aumento en el país, pues las cifras de esta dependencia advierten sobre un crecimiento de hasta 48 damnificados.
Esto ocurrió porque en 2015 la CEAV agregó al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) a 171 personas, pero en el 2018 el dato subió a 326.
Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que la desaparición forzada no es nueva en el país, sino que data de mediados del siglo anterior cuando ocurrió la llamada Guerra Sucia.
“Existe una correlación entre la militarización de la seguridad pública y el incremento de violaciones a derechos humanos”, explicó.
La experta aseveró que desde su organización han acompañado el caso de Rosendo Radilla, quien en esta semana cumplió 45 años de su detención arbitraria y desaparición a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunque este es un caso que tiene más de dos décadas, Guzmán Vergara consideró que el nivel de acceso a la justicia aún es muy bajo: “La Fiscalía General de la República [FGR], entre 2006 y 2018, ha iniciado mil 144 investigaciones penales relacionadas a la desaparición forzada, pero sólo 19 fueron consignadas, es decir, 2% de las indagatorias continuaron su curso”.
Estas cifras, obtenidas por la CMDPDH a través de solicitudes de información, reflejan el estancamiento en el que caen los casos en el país, lo cual, en opinión de la especialista, provoca que el delito se perpetúe a diario.
Según datos obtenidos por la CMDPDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 380 quejas por desaparición forzada y emitió 20 recomendaciones, entre 2006 y 2018, especialmente dirigidas a la Sedena y a la Secretaría de Marina.
Familiares investigan. Familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales señalaron que el desinterés de las autoridades es uno de los principales motivos por los cuales los casos no se resuelven.
Ante esta situación son las personas cercanas quienes inician sus indagatorias y realizan sus hallazgos, aunque muchas veces estos son desestimados por las autoridades.
Jérémy Renaux, subdirector de la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas), aseguró que, en comparación del número de víctimas, en México sólo se han conseguido 62 sentencias por desaparición forzada: 34 del fuero federal y 28 del fuero común.
El mes pasado, esta organización logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizara al Estado mexicano de la desaparición de Christian Téllez, ocurrida hace casi nueve años en Veracruz.
Migrantes, sector vulnerable. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho es otra ONG especializada en el litigio a favor de víctimas de desaparición forzada, aunque se enfoca en migrantes. Entre los temas que ha investigado se encuentra la masacre de los 72 personas de este sector en San Fernando, Tamaulipas, y la matanza de 49 extranjeros en Cadereyta, Nuevo León.
Nayeli Lara García, integrante del área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, consideró que “las violencias que más sufren los migrantes son la desaparición y el asesinato. Al no tener documentos oficiales, caminan sobre rutas donde se vuelven muy vulnerables a las violencias del Estado y el crimen organizado”.
Criticó que no es posible saber cuántos migrantes han desaparecido en México, porque a pesar de que los datos oficiales informan sobre más de 40 mil personas extraviadas, sólo forman parte de esta lista 350 personas extranjeras.
