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Que el Estado mexicano proporcione intérpretes certificados y con conocimiento de términos jurídicos a personas con discapacidad auditiva o indígenas que no hablen español que enfrenten procesos penales, es la propuesta de reforma que presentó el senador Joel Padilla Peña.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2017 más de 8 mil indígenas se encontraban en situación de privación de la libertad.
El problema, alertó el senador Padilla, es que la mayoría de los procedimientos tienen irregularidades, como la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, así como el desdeño de sus casos por parte del Ministerio Público y los jueces, mencionó.
“Desde hace décadas, las autoridades no respetan las garantías procesales del imputado o abusan de su condición de pobreza, analfabetismo o vulnerabilidad”, señaló.
