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El Instituto Nacional Electoral ( INE ) explicó que no tiene impedimento jurídico para tomar determinaciones y resolver “el dilema” constitucional en el que la Cámara de Diputados lo colocó tras el recorte presupuestal que se hizo de cara a la eventual revocación de mandato .
La autoridad administrativa electoral subrayó que no hay nada, hasta ahora, que le impida decidir si se realiza el ejercicio con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios, o bien, si se posponga hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes para ello.
Este martes, se conoció que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió que el INE tiene que hacer ajustes al presupuesto para 2022 y cumplir con el mandato legal de celebrar una eventual revocación de mandato.
Ante esto, el INE puntualizó que el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no le obliga a la realización de acción o tomar determinación alguna.
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A través de un comunicado, el INE destacó este miércoles que no hay certeza sobre la realización del ejercicio pues aún se está en la etapa de recolección de firmas, y el acuerdo de la Corte señala que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios, porque todavía no existe afectación alguna al Instituto.
Por tanto, la autoridad administrativa electoral advirtió que en caso de que la convocatoria para ese ejercicio se emita, podría modificarse o incluso revocarse lo determinado en dicho acuerdo de la SCJN.
En dicho documento, agregó el INE, se explica que hasta en tanto no exista la obligación de emitir la convocatoria no que se tendrían que tomar las determinaciones presupuestarias correspondientes.
Subrayó que el acuerdo elaborado por el ministro González Alcántara no obliga al INE a realizar acción o tomar determinación alguna.
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“En la medida en que el acuerdo lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria, no hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para resolver el dilema constitucional en el que la Cámara le ha colocado; esto es, que se decida si se realiza la revocación de mandato con el presupuesto insuficiente que se tiene, incumpliendo con ello reglas y principios que le rigen, o bien, se pospone hasta en tanto no se tengan los recursos financieros suficientes y necesarios para ello”, mencionó.
INE impugna recorte de presupuesto
Tras el recorte presupuestal que tuvo el INE para su ejercicio fiscal del 2022, el organismo promovió el pasado 7 de diciembre una controversia constitucional, en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PEF), aprobado por la Cámara de Diputados.
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El INE impugnó negativa de aprobar los cuatro mil 913 millones de pesos solicitados en el anteproyecto enviado a la Cámara, con lo cual se afecta el presupuesto precautorio que el INE previó para la celebración de la consulta popular y la revocación de mandato.
“El INE, en este caso, solicitó que se suspenda la obligación para realizar las adecuaciones presupuestarias y garantizar la suficiencia presupuestaria de los aproximadamente 3 mil 830 millones de pesos requeridos para la realización de la revocación de mandato en estricto cumplimiento a las normas constitucionales y legales que le rigen, mismas que aplican para cualquier proceso electoral federal y, en consecuencia, no incurrir en responsabilidad alguna por tal motivo”, detalló.
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