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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene lista una propuesta de reserva en el marco de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, donde se creará una “superagencia antimonopolios” con dientes para vigilar y sancionar a empresas que abusen del mercado y de los consumidores, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La nueva agencia antimonopolios no tendría autonomía constitucional, pero se plantea que sea una instancia independiente, con mayores atribuciones de vigilancia para evitar monopolios o duopolios en el país, así como enmarcado en el Capítulo 21 del T-MEC, de acuerdo con la propuesta que sería discutida y aprobada en San Lázaro en los próximos días.
Al respecto, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que con esta reforma se fortalecen las políticas públicas en materia de competencia económica, con una mayor fortaleza para la regulación telecomunicaciones, pero también en el combate a los monopolios en el país.
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“Se creará una superagencia antimonopolios ante el daño que están haciendo todos aquellos que tienen el control en el mercado de cemento, de transporte de pasajeros, en el mercado del gas, el mercado de acopio y comercialización y distribución de alimentos por medio de grupos monopólicos u oligopólicos”, apuntó.
Adelantó que la nueva agencia tendrá nuevas atribuciones, ocupará “dientes” para frenar los abusos de diversas empresas y sectores en contra de millones de familias que están pagando más caros los productos o servicios por este tipo de prácticas monopólicas.
El documento de Morena que será presentado como una reserva se denomina Reestructuración en materia de Competencia Económica (Cofece) considerando cláusulas del T-MEC Capítulo 21 de Política de Competencia.
En el escrito se subraya que la nueva “autoridad de competencia antimonopolio absorberá las actuales funciones de ambos organismos autónomos en temas de competencia, regulación y concesiones.
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La reforma que se prevé discutir esta semana en el pleno de San Lázaro plantea “establecer bases para que la competencia y libre concurrencia en los mercados no sean un objetivo en sí mismo, sino que sea una herramienta para el bienestar de la población.
“Que el Estado mexicano cuente con una verdadera autoridad antimonopolio, centrada en asegurar el bienestar de la población y en combatir la concentración del poder económico”, se indica en el documento en poder de EL UNIVERSAL.
Asimismo, eliminar la duplicidad de funciones y estructuras derivada de tener dos autoridades encargadas de vigilar la competencia, generando ahorros sustantivos.
“Garantizar que el Estado mexicano pueda aprovechar la relocalización de empresas (nearshoring) asegurando las condiciones necesarias para que haya más y mejores empleos e inversiones”.
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Esta reforma y reserva para crear una agencia antimonopolios forma parte de la reforma constitucional para desparecer varios organismos autónomos como el Inai y otros y que sus funciones sean absorbidas por secretarías de Estado.
Morena también plantea, con base en el Informe Anual de Resultados 2022–2023 del Inai, que este ente autónomo ha tenido un alto costo operativo.
Además, un aumento de presupuesto sin que este se refleje en el mejoramiento del ejercicio del derecho de acceso de la información.
También que en materia del protección de datos personales, el Inai muestra 635 sujetos obligados; y en desempeño del cumplimiento de obligaciones que sólo 9% de los sujetos obligados alcanzaron cumplimiento total; 28% cumplimiento parcial; y 63% no cumplieron.
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Como parte del esquema de reorganización del Inai, Morena propone redistribuir las funciones concentradas en el actual instituto de transparencia en distintas instancias públicas sin perder derechos, con ámbitos de competencia claros, pero dentro de la Administración Pública Centralizada.
Es decir, parte de las funciones del Inai se sumarían a la Unidad de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (en proceso de creación).
Además, en la Unidad de Sistematización de Servicios de Acceso y Protección de Datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como parte de la fábrica de software público.
Así como también en la Comisión Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
