El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional la obligación del Estado mexicano de otorgar servicios de salud a todos los mexicanos que no cuenten con ninguna seguridad social, darles a los discapacitados un apoyo económico, las pensiones para los adultos mayores, así como darles becas a los estudiantes, de todos los niveles, que se encuentren en nivel de pobreza.
En el proyecto, que envió el Presidente a la Cámara de Diputados, se plantea modificar distintos incisos del artículo 4 de la Constitución; fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Para que la iniciativa prospere tendría que ser avalada en comisiones, en el pleno por las dos terceras partes de los legisladores presentes, además en el Senado de la República y ser aprobada por al menos 17 Congresos estatales.
Este documento no contiene el detalle del impacto presupuestal que tendría la aplicación de estas modificaciones a la Constitución, solamente en el tercer artículo transitorio se describe que el monto de los recursos asignados en el presupuesto federal y de las entidades federativas describe que no podrá ser disminuido en términos reales respecto del ejercicio anterior.
“El monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos; de apoyo económico para las personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior”, describe el tercero transitorio del proyecto enviado a San Lázaro.
La primera modificación planteada especifica que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y para ello el Estado mexicano creará el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar para garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social.
“Es mi propósito que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establezca la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, con lo cual se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular adultas mayores y el de las personas con discapacidad”, describe López Obrador en su exposición de motivos.
En otro punto, detalla que las personas mayores de 68 años tendrán derecho a percibir por parte del Estado mexicano una pensión no contributiva en los términos de la ley y en caso de integrantes de pueblos originarios esta prestación se otorgará a partir de los 65 años.
“Se refleja la necesidad de establecer en el cuerpo constitucional la obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir una pensión no contributiva para los adultos mayores, pues no existe una disposición expresa que reconozca tales derechos”, agrega el titular del Ejecutivo.
Además, detalla que el Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares, pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza.
“A fin de evitar la deserción escolar de los estudiantes y de generar condiciones de equidad entre éstos dentro del sistema educativo nacional se propone establecer en la Carta Magna la obligatoriedad del Estado para que establezca un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a la población mexicana que se encuentre en condiciones de pobreza”, describe el Presidente de la República.
