La política de contención de la migración en México instrumentada por el Gobierno de la Cuarta Transformación que incluye el uso de miles de efectivos de la Guardia Nacional, militares y agentes del Instituto Nacional de Migración en la frontera sur y en retenes a lo largo de la ruta hacia el norte del país, así como la orden presidencial de prohibir que centroamericanos y caribeños puedan utilizar autobuses de líneas foráneas ha derivado en el fortalecimiento de las redes y cárteles que trafican personas, el uso de tráiler en su traslado, la corrupción y en un mayor número de muertes.
Afirmaron a EL UNIVERSAL activistas y defensores de los humanos de los migrantes quienes expusieron que desde el inicio del sexenio, cuando se instrumentó esta política de contención similar a la de una Border Patrol mexicana, derivó en una mayor corrupción de autoridades migratorias y de la Guardia Nacional coludidas con los cárteles de la droga que emigraron del trasiego de mariguana a Estados Unido s por el de personas.
El activista y dirigente de la organización, Pueblos Unidos Migrantes, Irineo Mujica, dijo a El Universal que desde la orden del presidente López Obrador de prohibir que migrantes utilicen el transporte público de pasajeros a migrantes, se han fortalecido las redes de traficantes, la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), la utilización de tráiler, camionetas, lanchas y otros vehículos para traficar personas y también los accidentes y muertes.
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El presidente López Obrador, el pasado 23 de septiembre del 2021, ordenó a las empresas y líneas de autobuses foráneos, que no den servicio a los migrantes centroamericanos y haitianos que están en territorio nacional buscando llegar a la frontera con Estados Unidos. Activistas y organizaciones de derechos humanos afirman, que desde entonces se detonó el uso de tráiler, camiones, lanchas y otros vehículos, así como los accidentes.
Menos de 3 meses después de la orden presidencial, el 9 de diciembre del 2021, se registró un accidente de un tráiler que transportaba migrantes el cual volcó. El saldo fue de 55 personas muertas, originarios de Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México.
“Los accidentes siempre se han dado, pero es evidente que la política de contención del actual gobierno federal, con el despliegue la Guardia Nacional, de militares, de agentes migratorios, sumado a la decisión de prohibir que los migrantes puedan comprar un boleto de autobús y viajar sin peligro, sin exponerse a los traficantes, ha fortalecido a las bandas, a los cárteles dedicados al tráfico de personas, así como el uso de camiones, de tráiler, de bodegas, lo que ha derivado en accidentes lamentables”, apuntó.
Irineo Mújica, dijo que quien controla el tráfico de migrantes en México es el crimen organizado, porque los extranjeros no tienen más opción de utilizarlos ante la militarización de la ruta migratoria y la colusión con autoridades del INM con la venta de documentos o el libre paso en retenes.
“En la frontera norte el crimen organizado, los cárteles, se dedican hasta hace algunos años al tráfico de mariguana a Estados Unidos, pero como ahora está legalizada en aquel país, cualquiera puede comprar o sembrar legalmente. Ahorita el 90 por ciento del tráfico de migrantes está controlado por el crimen organizado, por esos cárteles que cambiaron de giro”, apuntó.
Por su parte, Rubén Figueroa, activista, defensor de derechos humanos y de migrantes, expuso que la política de contención migratoria instrumentada por el gobierno de López Obrador, con la militarización de la ruta migrante, con la burocracia intencional para no dar permisos o visas humanitarias, sumada a la prohibición presidencial de no permitir que extranjeros usen autobuses foráneos, fortaleció la corrupción, las redes de traficantes, los accidentes y las muertes.
Expuso que los cárteles que operan las redes de tráfico de personal controlan ya el 70 por ciento las rutas migratorias y el mismo porcentaje de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, todo ello en complicidad con autoridades del INM y de otras instancias federales.
“Desde el inicio del sexenio de detonaron las tragedias por esta política que fortaleció al crimen organizado, lo vimos en la matanza de migrantes en Camargo, Coahuila, el 22 de enero del 2021, cuando 19 migrantes fueron calcinados en una camioneta, que por cierto se encontraba bajo resguardo del INM”, recordó.
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Lamentó que contrario al discurso presidencial que se jacta de una migración ordenada, humanista y segura, cada semana ocurren accidentes, tragedias, donde mueren niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, familias completas de migrantes que huyen ya no sólo de Centroamérica, sino de los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua . “Cada vez hay más migrantes de estos dos últimos países”, expuso.
Indicó diversos accidentes en los últimos tres años y como algunos de los principales, además de la muerte de medio centenar en un tráiler en Chiapas en diciembre del 2021 y la masacre de Camargo, en enero del 2021, sumado a diversos accidentes por persecuciones, por evadir retenes o simplemente por negligencia de los traficantes.
El pasado 6 de julio se registró un camión donde resultaron heridos una veintena de migrantes en Chiapas. Algunos de los accidentados dieron a conocer unos videos donde una mujer recrimina a un elemento de la Guardia Nacional, quien aseguran les quitó 6 mil dólares y los acusaron de haber provocado el accidente porque incluso un uniformado era quien conducía el vehículo siniestrado.
El 3 de junio de este año fallecieron en un accidente 4 migrantes salvadoreños cuando eran transportados en una camioneta de pasajeros en la carretera Monterrey-Reynosa en Nuevo León.
Asimismo, el 25 de mayo en la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, en el que perdieron la vida 7 migrantes originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, en un accidente vial del autobús donde viajaban. 25 extranjeros más resultaron lesionados. Días antes, el 22 de mayo, una camioneta se accidentó en la carreta que comunica a San Juan Chamula-Ixtapa, a la altura del kilómetro 16. Cuatro migrantes de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador perdieron la vida, mientras que otros 16 resultaron heridos.
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