Ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, instituciones nacionales de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, hicieron un llamado para proteger a las personas migrantes para evitar que se repitan hechos como los de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
En mayo de ese año, en ese municipio neoleonés el Ejército mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas. Hechos similares ocurrieron en 2011, en San Fernando, Tamaulipas; en 2014, en Güemez, Tamaulipas; y en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió el 18 de octubre de 2017, una recomendación sobre la investigación de violaciones graves de derechos humanos en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, que fue aceptada por las autoridades destinatarias. Sin embargo, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, consideró de suma urgencia las medidas de reparación, verdad y justicia que el gobierno mexicano pueda proveer a las familias centroamericanas que exigen conocer y localizar a sus familiares migrantes desaparecidos, siendo esto un escenario que perpetúa la impunidad y con ello graves violaciones de sus derechos humanos.
Consideró que es responsabilidad de los países de origen, como Honduras y El Salvador, velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos en cualquier lugar del mundo, en procesos de migración.
“Es importante recordar que la verdad es necesaria hoy más que nunca en tiempos tan difíciles en todo el mundo. Mantener la impunidad implica violentar la dignidad humana de toda la sociedad en su conjunto y avalar que se sigan cometiendo graves violaciones a derechos humanos.
“Por tanto, es urgente tomar medidas integrales, transnacionales y regionales que conlleven a la investigación y sanción de graves violaciones a derechos humanos como es el caso de las diferentes masacres de migrantes, de los miles de personas desaparecidas y las múltiples violencias contra la dignidad de mujeres migrantes”, señalaron los organismos.
También señalaron que urgen medidas de coordinación, mecanismos eficientes de investigación y programas de atención diligentes entre Estados de origen, tránsito y destino, que garanticen el acceso a la justicia, verdad y reparación en las que la sociedad civil y familias participen activamente en la búsqueda e investigación.
rcr
