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La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, advirtió que la reforma a la Ley General de Aguas tiene que ser participable con todas las entidades federativas, además de otras dependencias como la Secretaría de Hacienda, Conagua y Semarnat.
A través de un comunicado, detalló que lo anterior es necesario porque "el agua es un tema de seguridad nacional y debe ser prioridad de los tres órdenes de gobierno".
La legisladora priista detalló que también debe implementarse un parlamento abierto, no solo con especialistas, sino con los estados y municipios "para construir juntos un verdadero proyecto hídrico, pues no basta construir una ley".
Señaló que en México hay 21 millones de personas que aún no tienen garantizado su derecho constitucional al vital líquido.
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"Para atender esta problemática que demanda una inversión en torno a los 86 mil millones de pesos anuales, se puede recurrir a inversión pública y privada contemplada en la ley", puntualizó.
Guerra Castillo recordó la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual solicitan “informen en qué etapa del proceso legislativo se encuentran a fin de emitir la Ley General de Aguas, remitan un cronograma en el que se advierta el plan de trabajo legislativo específico para dar cumplimiento a la sentencia, así como los plazos estimados para el desarrollo de cada etapa”.
"En la Cámara de Diputados estamos convencidos de la necesidad de legislar sobre este tema, por lo que el requerimiento de la Corte, se hará de conocimiento a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su análisis y respuesta puntual e institucional. La Cámara de Diputados es un órgano deliberativo que cuenta con comisiones, que deben sesionar de forma colegiada y plural para la aprobación de cualquier tema que sea presentado", concluyó.
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