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La Universidad Jesuita Rafael Landívar de Guatemala manifestó su solidaridad con las familias y población en contexto de movilidad ante la reciente muerte violenta de 39 migrantes durante el incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) y pidió a las autoridades federales esclarecer el caso y detener las “políticas migratorias de muerte”.
“Lo que está sucediendo con la pérdida de las vidas de personas migrantes en Centro América y Norte América, es cruel e inhumano y normaliza una política de la muerte, la cual se sustenta en las acciones de contención que se promueven desde la región del norte en los países del sur. Mediante estrategias que se alejan cada vez más de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, migración internacional, asilo y refugio”, indicaron a través de un comunicado.
Asimismo llamaron a instituciones internacionales a garantizar el derecho de movilidad, asilo y refugio para las poblaciones migrantes de América Latina que son quienes más han padecido “las consecuencias del abandono de los Estados”.
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Por ello, exigieron al gobierno mexicano una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades personales e institucionales; la pronta identificación de los fallecidos para una repatriación digna y una compensación económica para sus familias.
También, a los gobiernos de la región, instalar de inmediato una comisión técnica capaz de proponer una política regional para la regularización de migrantes trabajadores y para que se restauren las condiciones para el otorgamiento de asilo y refugio, según lo establecido en los convenios internacionales, en condiciones humanitarias.
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Asumir sus compromisos constitucionales e internacionales para establecer políticas y acciones concretas que garanticen la seguridad humana de su ciudadanía y de la población migrante en el tránsito y destino.
Y, finalmente, pidieron a los organismos internacionales observar el cumplimiento de las obligaciones humanitarias y de garantía en el derecho a migrar, derecho al asilo y refugio, derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; así como derechos de otras poblaciones como lo son mujeres, niñez y pueblos originarios que han visto vulnerada su dignidad humana en los procesos de migración.
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