La delegación de la Unión Europea en México informó que ha destinado 500 mil euros para atender las necesidades humanitarias de miles de migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur del país.
En un comunicado, expuso que estos fondos adicionales, que se complementan con otros proyectos humanitarios ya en marcha, tendrán una duración de seis meses y responderán a las necesidades humanitarias más urgentes en términos de protección e información, seguridad alimentaria, albergues, atención médica primaria y apoyo psicosocial.
Detalló que las operaciones humanitarias se desarrollarán principalmente en las fronteras de Tapachula, y en Ciudad Juárez y Tijuana.
Las actividades beneficiarán a personas vulnerables según sus necesidades, con especial atención en niñas, niños y adolescentes no acompañados, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y lactantes, personas LGBTIQ+ y familias con niños pequeños.
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La Unión Europea explicó que la respuesta será implementada por un consorcio humanitario conformado por las organizaciones no gubernamentales Save The Children, Plan International, HIAS, Médicos del Mundo y el Consejo Danés para Refugiados juntos al Servicio Jesuita a Refugiados, las cuales ya operan en la zona con fondos de la UE.
Además, resaltó que estas organizaciones poseen experiencia en la respuesta de emergencia en crisis humanitarias.
La Unión Europea también recordó que hasta la fecha, decenas de miles de migrantes se encuentran varados en México desde que en marzo de 2020 entró en vigor el Título 42, el cual impide la entrada a Estados Unidos por razones sanitarias como la pandemia de Covid-19.
La medida también permite que se deporte hacia México a toda persona que haya ingresado a Estados Unidos por la frontera terrestre sin los documentos migratorios necesarios, dejándolos, además, sin opción de pedir asilo.
Los ciudadanos venezolanos no estaban sujetos al Título 42, pero desde el pasado 12 de octubre la administración del presidente Joe Biden anunció la aplicación de un nuevo proceso de control migratorio para venezolanos para el ingreso legal de 24 mil personas por año.
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