Unimoss se deslinda de irregularidades

Señor Director:

Respecto a la nota “Millonaria bolsa para las asociaciones ligadas a partidos políticos”, publicada el 26 de diciembre de 2017, me permito señalar que en el caso de la participación y el pronunciamiento, durante la campaña de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, nada tiene que ver con el trabajo y gestión de la organización Unimoss, puesto que, si bien se apoyó a la candidata por convicción política, se hizo a través de la agrupación política nacional Alianza Social, organismo con años de trayectoria política y debidamente registrada ante el Instituto Nacional Electoral.

Unimoss, como organización social, funge como gestor y representante de un cúmulo de beneficiarios de los programas sociales y, por tanto, no se puede aseverar, como pretende la nota informativa, que hemos acumulado, en 12 años, 167.2 millones de pesos, puesto que como bien señala, han sido para los beneficiarios y no para esta organización.

Es de aclararse que en el ejercicio 2017 no se recibió el recurso que señala la nota, pero además, aun cuando se hubiesen recibido durante ejercicios anteriores han sido debidamente comprobados, puesto que han sido utilizados como lo señalan las reglas de operación de los programas, sin que a la fecha exista por parte de las autoridades fiscalizadoras, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como los órganos internos de control, observación alguna en contra del trabajo de Unimoss o de su dirigencia, mucho menos alguna sanción fincada por cualquier autoridad.

Sobre el párrafo 21 de dicha nota informativa, en el sentido de que en 2013 la ASF encontró, en una revisión de recursos de Fonaes (auditoría 12-0-10D00- 02-275), facturas infladas hasta 90%, que Unimoss presentó para comprobar hospedaje y alimentación de talleres de capacitación. Esas facturas habían sido extendidas por las empresas GCA21, S.A. de C.V., y KYLYG, S.A. de C.V., se ofrece lo siguiente: Prueba del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y en el análisis y comparación de los documentos proporcionados por los hoteles contra los presentados por la organización social, ACREDITAN la comprobación del apoyo recibido por 7 mil 425.2 pesos para efectuar siete talleres de capacitación en tres hoteles: dos talleres en un hotel de Chihuahua, tres talleres en Puebla y dos en Guadalajara.

Los documentos oficiales que se presentan demuestran que en ninguna parte del informe se señala que existan “facturas infladas”, es más, no señala irregularidades.

En torno al párrafo 22 donde se señala que desde 2011, otra auditoría con registro (11-0- 10C00-02 -0334) practicada a ese programa exhibió operaciones irregulares entre Unimoss y las empresas mencionadas. En 2013 (sic). La auditoría requirió los datos notariales de los dos contratistas.

La firma GCA21 tenía como representante legal a Gregorio Viramontes Pérez, quien después pasaría a formar parte de la dirección de Unimoss. KYLYG se hallaba anclada a las actividades de la primera. Sobre ello, la ASF no hizo señalamientos.

En el párrafo 23 de la misma nota, en el sentido de que Carlos Enrique Espinosa Ledesma, uno de los accionistas principales (refiriéndose a las empresas), está amparado (1040/ 2016) contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, “desconozco quién sea el sujeto en cuestión y por tanto no tiene ninguna relación con Unimoss”.

Sobre los párrafos 24 y 25 de la nota se debe dejar en claro que la información, de haber existido un daño, la auditoría habría emitido observaciones.