Después de más de un año de división intramuros, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está en la ruta de fortalecer su unidad interna, esa es la medicina para defender su autonomía frente a intentos de injerencias indebidas, establece el magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
“La cohesión interna es indudablemente uno de los elementos que tenemos para defender esa independencia y esa autonomía”, dijo al afirmar que en las resoluciones que ha asumido el tribunal no ha habido influencias externas.
“Actuamos conforme a la ley, no tenemos aquí dirección ni vulneración a nuestra independencia y autonomía, no existe tal injerencia”, atajó, al reconocer que hay una percepción contraria en la opinión pública.
Pero el tribunal vive una nueva era, en la que trata de recomponerse del conflicto interno que ha vivido desde hace meses la actual conformación de la Sala Superior, que inició funciones en noviembre de 2016.
Hace casi dos meses, el 23 de enero, Fuentes asumió la presidencia del TEPJF durante la crisis más grave que ha vivido su actual integración y, reconoce, la conducción no es fácil, “porque el objeto del litigio no es el dinero, un inmueble, no es el divorcio; es el acceso al poder y los que participan son actores políticos, entonces es un papel difícil, problemático, pero lo hemos tratado de zanjar a través de la aplicación pura y dura de la Constitución y la ley”.
En un foro realizado por EL UNIVERSAL, los magistrados Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez y Felipe de la Mata Pizaña —integrantes de la Comisión de Comunicación del Tribunal— dieron respuesta a las preguntas de José Antonio Crespo Mendoza y Salvador García Soto, articulistas de esta casa editorial.
Sobre el tema de armonía interna, el magistrado De la Mata Pizaña enfatizó que el tribunal electoral ha tomado decisiones difíciles durante los últimos meses en casos como el Fideicomiso de Morena, Coyoacán o el de Quéretaro, “y en todos se ha actuado en unidad”.
A su vez el magistrado Vargas Valdez consideró que tras momentos difíciles en la gobernabilidad interna, con la nueva presidencia del tribunal electoral “estamos en una reconstrucción positiva” del órgano jurisdiccional.
En este marco, los magistrados rechazaron las acusaciones que han permeado en una parte de la opinión pública, que señala al tribunal de prestarse al “gobierno en turno”, haber sido priista y ahora morenista. Además, explicaron algunas de las sentencias más polémicas que han motivado esa percepción que, dicen, los tiene “estigmatizados” sin razón.
Respecto a las presiones sobre el tribunal y su recrudecimiento, tema planteado por García Soto, los magistrados reconocieron por primera vez que no es extraño que hayan recibido en la Sala Superior al titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Sin embargo, tenerlo en audiencia y escucharlo no implica presiones, dijo Vargas. “¿Hay injerencia o no del Ejecutivo sobre el tribunal? Por supuesto que la hay, porque evidentemente representan uno de los tres poderes y a veces ese Poder tiene intereses en litigio, mismos que tiene derecho a defender”, explicó.
“A mí no me asusta que me pida una audiencia el consejero jurídico, porque sé los intereses que está representando. Lo que sí creo que se tiene que hacer es hacerlo de manera transparente, es decir documentada, que fue una audiencia, y que pidieron una cita con un magistrado”.
Vargas Valdez aseveró que hay decisiones del TEPJF que pueden afectar la gobernabilidad o el equilibrio de poderes, de ahí que sea válido escuchar posiciones. “Se les escucha como cuando llega un ciudadano en lo individual (...): depende del juzgador darle la ponderación que tiene y no que te apantallen o te amedrenten y [el magistrado] diga: ‘Entonces tengo que votar lo que me manden decir de allá’”.
A las preguntas de José Antonio Crespo respecto a la renuncia de la magistrada Janine Madeline Otálora a la presidencia del tribunal, en un contexto en el que “parecería que al gobierno actual las autonomías no le gustan o no se cree en ellas”, los magistrados descartaron presiones detrás de la dimisión.
De la Mata subrayó a su vez que Morena adquirió fuerza cuando López Obrador aún era presidente electo, de modo que si hubo presiones, éstas no se ven reflejadas en sentencias, por lo que no hay pruebas.
“Si nos hubieran empezado a presionar hubiera sido no en noviembre, sino desde julio, y en ese tiempo resolvimos Coyoacán [con el triunfo para PRD y revés a Morena], Querétaro [donde confirmó victoria del PAN] (…) el rumor se queda en rumor y no encuentro prueba alguna que lo sustente”.
Me gustaría saber, agregó, “en qué sentencia no hemos tenido autonomía. Hago la lista innumerable y no encuentro una sola donde de forma específica nos digan [que hubo anomalía], en una. Si acaso la más discutida fue la del fideicomiso de Morena y fue por unanimidad”.
Incluso en la resolución que confirmó la pérdida de registro del PES, dijo Vargas en su turno, se “demostró que independientemente de cuáles puedan ser las pugnas de uno y otro, el TEPJF sí tiene capacidad de juzgar con independencia y autonomía (…) En este caso la sociedad estaba del lado que votamos, pero en otros nos llevamos rechiflas, porque votamos cosas que la ciudadanía probablemente no quiere”.
Vargas fue protagonista de la crisis que llevó a la renuncia de Otálora, el 23 de enero, pues pidió públicamente su salida. A pesar de ello, aseguró que la “teoría” de que la magistrada fue presionada para dimitir es falsa, pues “desde hace un año era público y notorio [que había] fracturas muy fuertes”, debido, dijo, a incumplimiento de acuerdos internos. Aceptó que se generaron bandos y eso daña a órganos colegiados.
“A ningún presidente de un tribunal constitucional se le puede obligar a renunciar”, dijo. Agregó que nunca se ha ocultado que tuvieron diferencias y que se generó la percepción de dos bandos.
Puso énfasis en que con la nueva presidencia del tribunal electoral “estamos en una reconstrucción positiva.”
El magistrado de la Sala Superior señaló que tras el deceso de la gobernadora Martha Erika Alonso, que calificó como una tragedia, “el tribunal Electoral se tiene que concentrar en el nuevo proceso electoral, eso va a dar al estado, al país, un mejor panorama que seguir rascando en cosas que me pareciera que ya son ociosas”.
El magistrado presidente Fuentes Barrera expuso en su turno que tras la salida de la magistrada Otálora de la presidencia del órgano jurisdiccional, para buscar dirigir el tribunal planteó a cada magistrado de la Sala Superior su plan de trabajo, que hoy aplica para acercar al tribunal electoral a sus salas regionales, garantizarles su independencia y autonomía.
“Estamos tratando de hacer a un lado esa confrontación de la que se tenía idea y estamos trabajando en ese mensaje de homogeneidad de las políticas institucionales, creo que vamos hacia allá, hacia la unidad.
“Eso no descartará las diferencias, pues cada juzgador tiene una manera de ver la vida diferente, todos, así que en lo jurisdiccional seguirá esa diferencia, eso se lo apuesto, en cualquier tribunal constitucional del mundo existe”, puntualizó el magistrado.
Además del caso Puebla y del PES, los magistrados señalaron otros casos polémicos, como la exoneración de Morena por el manejo del Fideicomiso Por los Demás, caso por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto una multa de 197 millones de pesos.
El magistrado Fuentes explicó que el TEPJF revocó la sanción, pues el INE reconoció que no salieron recursos del partido ni del fideicomiso a campañas, así que no hubo irregularidad electoral.
El tribunal no regresó al INE el expediente —como cuestionaron consejeros del INE—, “porque no puedo agravar la situación jurídica del demandante, ese principio es aplicable a materia penal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)” así lo ha determinado, manifestó.
Dice el INE que debimos regresarles el expediente; “si faltaba investigación, ¿por qué lo resolvieron? ¿Y cuántas veces habría que regresárselos para que concluyeran?, ¿ocho u 80? Dicen que estaban las pruebas, pero no es verdad, no había pruebas”, defendió De la Mata.
“A nuestro modo de ver, el INE nunca encontró el nexo causal de estas aportaciones de militantes de Morena con fines electorales. Podrá ser un tema de algún tipo de irregularidad bancaria, fiscal, pero no con algo que tuviera que ver” en materia electoral, agregó Vargas.
“Hoy dicen que somos de Morena por la resolución del fideicomiso o dicen: ‘Se deben al poder político en turno’” pero, acusó Vargas, hay “estigmatizaciones” y etiquetas que “a la vista del tiempo resultan injustas”.
