A casi un año de que se aprobó la Ley de Amnistía, nueve organizaciones de la sociedad civil criticaron que el proceso para liberar a personas encarceladas por este medio ha sido lento y opaco.
En un comunicado, las ONG cuestionaron que la Comisión de Amnistía, encargada de revisar los casos, sólo ha sesionado cuatro veces en un año, ha admitido 38 casos y ha declarado 169 improcedentes, además de que no ha concedido ninguna liberación.
“El proceso de solicitud y dictaminación de amnistía se ha caracterizado por ser opaco y discrecional. A casi un año de la aprobación de la ley y ante la emergencia sanitaria, es inaceptable que la comisión únicamente haya sesionado cuatro veces y que el único resultado haya sido la aprobación de 38 expedientes”, señalaron.
Fue el 20 de abril del año pasado cuando el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía. Los legisladores argumentaron que el marco normativo permitiría liberar presos durante la pandemia, ya que las cárceles podrían ser un foco de infección por las condiciones poco higiénicas y de hacinamiento que tienen.
No obstante, al día de hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reportado 3 mil 377 casos de Covid-19 en las prisiones y 255 fallecimientos, sin que la Ley de Amnistía haya otorgado los beneficios prometidos.
En este contexto, las organizaciones acusaron que el gobierno federal no ha transparentado sus criterios para aceptar o desechar las solicitudes, y en algunos casos se ha sabido que responsabilizan a las personas privadas de su libertad por no realizar el trámite de manera adecuada.
“Es desalentador que desde la Secretaría de Gobernación se insista como motivo para no aprobar como procedentes las solicitudes la falta de información, responsabilizando a las y los solicitantes del retraso de su posible liberación”, lamentaron.
Debido a que la ley fue diseñada por autoridades federales, quienes están encerrados en cárceles estatales, por un delito investigado por las fiscalías locales, no podrán acceder a una liberación por esta vía.
Según cifras oficiales, hasta 96% de la población penitenciaria no podría ser considerada por esta ley, ya que sus delitos son del fuero común.
Sobre este tema, las ONG explicaron que sólo cuatro estados (Hidalgo, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala) han aprobado sus propias leyes de amnistía para beneficiar a quienes están en cárceles estatales.
