Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, obligó y evidenció que ni el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, ni el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, ambos testigos en el proceso de desafuero del mandatario estatal, tienen acceso ni conocen la carpeta de investigación en la solicitud de juicio de procedencia.
Al comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados como testigos en la diligencia para el desahogo de pruebas para el desafuero del gobernador panista, Romero Aranda y Nieto Castillo reconocieron desconocer el contenido de la carpeta de investigación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante San Lázaro el 23 de febrero y con el que lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como defraudación fiscal equiparada.
La Sección Instructora, que preside el diputado de Morena Pablo Gómez, fue la que decidió hacer público el contenido de la audiencia.
“No conozco el contenido de la carpeta, dado que quienes comparecieron y quienes llevaron a cabo el análisis de la misma fueron los peritos adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Por lo tanto, no son hechos propios y yo no cuento con ellos”, reconoció Romero Aranda.
“La UIF no es Ministerio Público. No soy fiscal. La UIF no aporta pruebas, los elementos de prueba son los que incorpora el Ministerio Público de la Federación a las carpetas de investigación y, como he mencionado, no conozco la carpeta de investigación, en razón de que no se nos ha reconocido el carácter de ofendidos.
“Al no tener acceso a la carpeta de investigación, no puedo hablar bajo ninguna circunstancia ni utilizar la palabra prueba. La UIF aporta información objetiva, sustentada en reportes y avisos del Sistema Financiero Nacional y de los sujetos obligados”, dijo Nieto Castillo.
En su exposición, el titular de la UIF reveló que uno de los elementos que sustenta la solicitud de desafuero contra el gobernador es la compra en 2013 de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, y que podría haber estado financiado por empresas fachada que utilizó el Cártel de Sinaloa.
Nieto Castillo reveló que la compra de este inmueble se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome), la cual fue fondeada por dos empresas fachada que eran utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero, por lo cual se presume que la adquisición fue con recursos ilícitos.
El funcionario federal explicó que la Sofome recibió, de las dos empresas fachada, dos transferencias el 17 de diciembre de 2013, por 14.3 millones de pesos; una por 8.3 millones de pesos y otra por 6 millones de pesos. La Sofome, argumentó, le otorgó 14.3 millones de pesos a García Cabeza de Vaca para la compra del departamento en Santa Fe el 18 de diciembre, un día después de las primeras transferencias.
Precisó que las dos empresas que financiaron a la Sofome están en lista de personas bloqueadas y subrayó que no fueron denunciadas por la actual administración, sino por sus antecesores en 2015 y 2019.
Por su parte, el equipo de García Cabeza de Vaca precisó que este crédito fue liquidado el 8 de noviembre de 2016, por 13.5 millones de pesos, con un crédito hipotecario de Banregio.
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco, lo que quiere decir es que, las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a las Sofome son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, precisó Nieto.
Adelantó que hay otras tres denuncias de la UIF contra gobernadores en funciones: “Tenemos tres casos adicionales, pero lo relevante para nosotros es que la Sofome recibió, en este caso en particular, dos empresas fachada identificadas como parte, como se ha dicho, de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa”.
En su oportunidad, Romero Aranda dijo que a raíz de un citatorio que recibió por parte de la FGR se formuló la querella por un posible incumplimiento de las obligaciones fiscales del inculpado en el ejercicio fiscal 2019.
Precisó que después de esta denuncia ya no tendría caso realizar el pago respectivo, porque ya no es un pago espontáneo y, por lo tanto, ya no tendría ningún efecto dentro de la responsabilidad penal.
Sobre este tema, Nieto Castillo habló de movimientos “importantes” de recursos no declarados ante el SAT entre 2011 y 2019, y dijo que se estiman ingresos por 142 millones de pesos, además de que sólo hay declaraciones, entre 2013 y 2019, por 47.6 millones de pesos.
En esta exposición, el funcionario de la UIF vinculó a Cabeza de Vaca con 34 casas, propiedades, locales, residencias y terrenos en la Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, Estados Unidos, con valor de más de 246.6 millones de pesos.
Además, Aguilar Zinzer preguntó en reiteradas ocasiones cuál era la fuente de información de la UIF sobre posibles vínculos de las operaciones financieras de Cabeza de Vaca con el crimen organizado, pero Nieto Castillo advirtió que no podía revelarlas porque estaría infringiendo la normatividad supranacional. Aclaró que la UIF en ningún momento califica los hechos denunciados y que sólo presenta los elementos con que cuenta.