La población que podría salir de las cárceles, una vez que entre en vigor la Ley de Amnistía , podría ser de 825 personas que hoy se encuentran privadas de la libertad , informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
De ellas, 185 se encuentran recluidas en Centros Federales de reclusión y 640 en centros locales, quienes ya están ubicados como los posibles beneficiarios , pues cumplen con los requisitos planteados en la minuta de ley pendiente de análisis en el Senado, esto es: que hayan sido condenados por delitos federales, pero sin violencia y que no sean reincidentes, entre otros elementos.
Una vez que entre en vigor esa legislación, “Prevención y Readaptación Social propondrá a las autoridades correspondientes la población penitenciaria privada de la libertad que cumpla los requisitos establecidos en la Ley de Amnistía para recibir dicho beneficio”, reportó la SSPC en respuesta a preguntas parlamentarias realizadas por diputados federales en el contexto del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Los cuestionamientos fueron remitidos por los grupos parlamentarios en diciembre, y por oficio del 26 de marzo pasado la Secretaría de Gobernación envió las respuestas a la Cámara.
Como parte de las contestaciones esa dependencia informó además que se ha instalado una “Mesa de Justicia” para analizar casos donde se presumen encarcelamientos con irregularidades, y se han recibido casi dos mil casos de personas “injustamente presas”, mismos que están en análisis.
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