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Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada contra miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y exfuncionarios e investigadores del Conacyt, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) exigieron “el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados.
“Es tal la dimensión y gravedad de esta acusación que de inmediato llama la atención. ¿Científicas y científicos involucrados en delincuencia organizada?, ¿profesores realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita? Sin embargo, la sorpresa mayúscula es cuando se describe el presunto delito: la entrega ordinaria de recursos por parte del Conacyt para el funcionamiento del FCCyT, una organización perfectamente identificada en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en su momento”, cuestionó el Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE).
“Es por demás evidente que la acusación que se ha lanzado desde la FGR es absurda e impropia de un país gobernado bajo principios mínimos de Estado de derecho. La mera presentación de científicas y científicos mexicanos como miembros de la delincuencia organizada es un acto intimidatorio y fuera de toda proporción y razón, que no sólo afecta a las personas hoy acusadas injustamente, sino en realidad a toda la comunidad académica del país”, subrayó.
También, quien fuera embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, difundió en sus redes sociales una petición de la plataforma Change.org para exigir a la FGR el fin de la persecución por posturas ideológicas y políticas en contra de distinguidos miembros de la comunidad científica mexicana.
Ayer se difundió un segundo pronunciamiento que fue elaborado por las investigadoras Laura de Alizar y Alenka Guzmán, de la UAM, y firmado por más de 50 investigadores de diferentes sedes de esa universidad.
Un tercer documento fue elaborado por el Sindicato del Personal Académico de la UAM (SPAUAM), en el que exigieron “el cese de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados.
“Sin concluir una investigación pulcra, oportuna y objetiva sobre los señalamientos originados en una disputa política-académica, la fiscalía optó —justo en estos tiempos de máximo encono político— por llevar este asunto a las instancias más amenazantes posibles, enviando una señal ominosa que trata de acallar a las voces críticas con la actuación del Conacyt, en un momento donde la rectoría institucional de la ciencia mexicana debería ofrecer otra clase de ejemplos y recursos frente a los grandes retos globales que enfrentamos como nación y como humanidad, señala el SPAUAM.
