Las disputas entre integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las irregularidades en que han incurrido sus miembros no son exclusivas de esta administración. El último escándalo en el organismo fue la sustitución, realizada en la sesión de ayer, del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
La sustitución ocurrió en el marco de la presentación de dos denuncias en contra de Vargas Valdez por enriquecimiento ilícito; en una de ellas, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió no proceder penalmente contra el magistrado, pero en julio pasado un juez de Control revocó la determinación y ordenó reabrir el caso en su contra.
En mayo pasado, El Gran Diario de México confirmó que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera ha utilizado el taller mecánico del TEPJF para restaurar al menos cinco de sus automóviles clásicos. En cuatro años, la restauración de los carros de Fuentes Barrera costó al TEPJF un millón 778 mil 500 pesos y aún debe al mecánico del taller 417 mil 500 pesos.
Antes de Vargas Valdez, la presidencia era ocupada por el magistrado Fuentes Barrera, en cuya gestión, entre 2019 y 2020, fueron detectados cargos a las tarjetas del TEPJF por más de 10 mil pesos en alcohol; 158 mil 818 pesos en Office Depot; más de 30 mil pesos por pagos a Ticketmaster y 44 mil 406 pesos en Mercado Libre, entre otros.
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Felipe Fuentes fue electo presidente de la Sala Superior del Tribunal luego de la renuncia de Janine Otálora Malasis.
La salida de Otálora de la presidencia del TEPJF ocurrió después de que el propio Vargas Valdez solicitó su renuncia al denunciar que respondió a presiones políticas para que se resolviera la elección a la gubernatura de Puebla a favor de la panista Martha Érika Alonso, quien falleció en diciembre de 2018, y cuyo contrincante era el morenista Miguel Barbosa, actual gobernador de dicha entidad.
En mayo de 2008, EL UNIVERSAL informó que al interior del TEPJF ocurrió un conflicto de interés cuyo origen fue la orden de buscar un inmueble para el organismo, la cual dio el entonces magistrado presidente Flavio Galván.
De acuerdo con el expediente, Norma Inés Aguilar León, excoordinadora de asesores en la presidencia del Tribunal Electoral, declaró que trabajó con la corredora de bienes raíces Olga Gomar, tía del magistrado Salvador Nava.
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Indicó que, debido a que la corredora pasaba por una mala situación económica, solicitó permiso a Flavio Galván para pedirle a ella informes sobre un inmueble para el Tribunal. En ese momento, Gomar buscaba casa para Aguilar León y su esposo Octavio López Guzmán.
Flavio Galván encargó a López Guzmán visitar edificios para que en los primeros meses de 2007 le entregara informes sobre los posibles inmuebles para el Tribunal Electoral.
El proceso de compra continuó hasta que el magistrado Nava informó que Inés Aguilar León solicitó una comisión por la operación, razón por la que la servidora pública fue destituida por haber incurrido en conflicto de interés.
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