La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó las impugnaciones que buscaban anular la elección presidencial, y por tanto, reafirmó el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener que no se probaron causas graves que hayan incidido en el proceso electoral como la intervención sistemática del Presidente Andrés Manuel López Obrador, uso indebido de programas sociales ni violencia generalizada.
Tras resolver estos juicios interpuestos por PAN, PRI y PRD, el TEPJF realizará la declaración de validez de la elección presidencial este miércoles y entregará la constancia a Claudia Sheinbaum el día jueves.
Las seis magistraturas coincidieron en que es infundada la nulidad de la elección presidencial, aunque difirieron sobre la intervención del presidente López Obrador y el uso de programas sociales para condicionar el voto.
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La mayoría de las magistraturas coincidió en que la oposición no aportó pruebas suficientes para acreditar las irregularidades en la elección, ya que principalmente se sustentaban en notas periodísticas que son de carácter indiciario, pero no aportaron otros elementos para corroborar los hechos.
Por mayoría de votos también se desechó el juicio promovido por la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, argumentando que no tenía interés jurídico por no solicitar la nulidad de la elección.
Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora consideraron que sí hubo un actuar sistemático del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante sus conferencias matutinas, y que no menciona las propias sentencias ratificadas por la Sala Superior.
Reyes Rodríguez dijo que las expresiones del mandatario sí afectaron las condiciones de neutralidad y equidad en la contienda electoral, pero no invalidan la elección.
Sobre la coacción del voto a beneficiarios de programas sociales, el magistrado Felipe Fuentes subrayó que “es esencial reconocer que el electorado no es un grupo pasivo que puede ser fácilmente manipulado”.
En contraste, la magistrada Otálora puntualizó que está acreditado que funcionarios de alto nivel señalaron que habría un perjuicio a los beneficiarios si una fuerza política no obtenía la mayoría.
La presidenta, Mónica Soto, señaló que hubo violencia, pero de manera aislada y focalizados, que por sí mismos no trascendieron a la validez de la elección presidencial, y no pone en duda su validez.
Al respecto, el magistrado Felipe de la Mata sostuvo que la oposición presentó como pruebas más de 600 enlaces de notas periodísticas como prueba de la violencia generalizada, sin aportar otros elementos como actas de defunción, fes de hechos, denuncias penales, actuaciones ministeriales, entre otros.
“No se acredita que el crimen organizado haya operado a favor de Morena, no se advierte en las demandas que los hechos de violencia contenidos en los vínculos electrónicos ofrecidos como prueba hayan generado un impacto selectivo en beneficio o perjuicio de alguna candidatura presidencial”, apuntó.
La magistrada Mónica Valle dijo que no hubo condiciones de violencia que impidieran la celebración de elecciones libres y auténticas, aunque lamentó los asesinatos de candidaturas durante el proceso electoral.
“Las condiciones de inseguridad y las acciones de violencia a las que se refieren estas notas afectaron a todas las fuerzas políticas; no podemos hablar de la afectación solo de algunas de las fuerzas políticas competidoras”, señaló.
En contraste, la magistrada Otálora dijo que el impacto de la violencia no puede medirse sólo por los resultados de la jornada electoral, ni señalar que sólo fue a nivel municipal, sino que requiere un análisis integral.
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