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Un tribunal federal negó frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía como solicitó un integrante del pueblo indígena de San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac, Estado de México, porque su comunidad no está reconocida en la ley.
El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México consideró además que el impacto ambiental que podría ocasionar la obra no es de carácter irreparable, razón por la que también se negó la suspensión definitiva solicitada.
Este amparo forma parte de los 10 tramitados por representantes de los pueblos indígenas de Tecámac, que reclaman, entre otras cosas, que el gobierno federal no ha acreditado la protección al medio ambiente con la construcción de la terminal aérea y que no fueron consultados previo a la aprobación del proyecto.
Durante la sesión de ayer, el Décimo Tribunal Colegiado resolvió un recurso de queja tramitado contra la decisión del juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México de negar la suspensión definitiva para que el gobierno federal no pueda iniciar la construcción en Santa Lucía.
El quejoso argumentó que no se realizó una consulta indígena para la construcción en la Base Militar Aérea de Santa Lucía.
En su recurso, el promovente indicó que se autoadscribió al pueblo de San Jerónimo Xonacahuacan en un “acto de autoconciencia” reconocido constitucionalmente.
Según los magistrados, se realizó una consulta pública el pasado 10 de marzo para la construcción del aeropuerto, pero ésta no incluyó al pueblo de San Jerónimo Xonacahuacan, esto, debido a que dicho lugar no forma parte del listado incluido en el artículo 6 de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y las Comunidades Indígenas y Originarias del Estado de México.
Por ello, indicaron los magistrados, las autoridades federales no podían tener conocimiento de esa autoadscripción que alegó el quejoso y no estaban obligadas a realizar una consulta indígena específicamente dirigida al pueblo de San Jerónimo Xonacahuacan.
La sentencia en la que originalmente se negó la suspensión definitiva, y que ayer ratificó el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México, establece además que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó razones de seguridad nacional para que no fuera concedida la medida.
El juez Quinto de Distrito falló a favor de la Sedena debido a que todos sus bienes, incluido el plan del aeropuerto de Santa Lucía, fueron catalogados el pasado 29 de agosto como instalaciones estratégicas.
El tribunal no estudió este argumento porque consideró que al desestimar los alegatos por razones de medio ambiente y de consulta pública de pueblos indígenas, los demás puntos de la resolución del juez no debían ser analizados.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Bernar Flores, presidente de la organización civil KOSMO Publicus y responsable de algunos amparos contra Santa Lucía, lamentó la decisión del tribunal colegiado.
“Esto es muy grave, el juez Quinto de Distrito, Juan Carlos Guzmán Rosas, como los magistrados Óscar Fernando Hernández Bautista y Alfredo Enrique Báez López, están agraviando en parte al sustento de la nación mexicana, los pueblos y comunidades indígenas de la cuenca del Valle de México, así lo hacen ver los votos de los magistrados”, resaltó.
Agregó que “existe un rigorismo injustificado de ambos magistrados en la impartición de justicia”, puesto que exigen cuestiones procesales aplicables a las personas agrarias cuando se está ante la defensa de derechos indígenas.
Miembros de los pueblos de Santa María Ajoloapan y San Pablo Tecalco que acudieron a la sesión del tribunal, advirtieron que en caso de que se apruebe la construcción del aeropuerto en Santa Lucía agotarán otros recursos legales y llevarán el caso ante tribunales internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Arturo Hernández, habitante de Santa María, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que no deje en el discurso el apoyo a los pueblos indígenas, que escuche sus inconformidades y eche para atrás la construcción del aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.
“Queremos creer que vivimos en un Estado de derecho, en donde los jueces actúan con ética profesional y sin presiones desde el gobierno mexicano. Esperamos que todo el apoyo que en campaña prometió el Presidente se haga realidad y nos dé la voz. Si nos niegan la suspensión definitiva, lo que haremos es buscar más recursos legales con los que nos podamos oponer a la construcción y en el último de los casos iremos hasta instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó.
Sergio Jarillo Olivo comentó que la inconformidad que tienen hacia la construcción del nuevo aeropuerto es porque el territorio no es viable, además de que éste provocaría escasez de agua, problemas de salud relacionados con el ruido, así como cuadros de ansiedad y estrés entre los pobladores.
“No es lo mismo que opere una Base Militar a que entre en operaciones un complejo en donde se construirían centros comerciales, hoteles, y el mismo aeropuerto, que ocuparían recursos naturales como el agua que nos corresponde a los habitantes. No nos están dando respuestas satisfactorias en cuanto al tema del ruido, no hicieron simulacros, la gente no está acostumbrada a ruidos que superen los 130 o 150 decibeles, nos preocupa que causen ansiedad y estrés porque habrá un impacto negativo en la tranquilidad de los pueblos indígenas”, dijo.
EL UNIVERSAL informó que en estos amparos solicitados, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto por el mismo argumento de seguridad nacional.
Además, dicho juez tiene pendiente la resolución del incidente de revocación tramitado por Secretaría de la Defensa Nacional en otro amparo y señaló para este viernes la celebración de la audiencia incidental.
