El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerrará con tres de cada 10 escuelas de educación básica con daños estructurales o con alguna estructura atípica; con cinco de cada 10 con deficiencias de accesibilidad y seis de cada 10 planteles sin servicios de internet.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que estas dificultades son aún más críticas en las zonas rurales o con alto rezago social, lo que coloca a los niños y adolescentes y a la comunidad escolar en general en condición de riesgo.
En el reporte Diagnóstico del Programa La Escuela es Nuestra, elaborado por la dependencia y en el que analiza la estructura educativa hasta 2023, indica que las condiciones físicas de las escuelas contribuyen a mejorar los entornos escolares y de aprendizaje y, en consecuencia, a mejorar la calidad de la educación.
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Menciona que “la falta de adecuación de la infraestructura impacta de una manera más decisiva en zonas geográficas expuestas a condiciones climáticas extremas, aunque de manera creciente en otras zonas debido al proceso acelerado del cambio climático.
“Se ha documentado que las temperaturas extremas afectan directamente la salud y los aprendizajes, pues modifican la calidad del agua, del aire, los alimentos y la seguridad de los niños y adolescentes, además de que propicia, en el corto plazo, el ausentismo escolar”.
El documento señala que “los entornos escolares con servicios escolares suficientes y adecuados contribuyen a la generación de entornos escolares dignos, que permiten a los niños y adolescentes desarrollarse positivamente en su proceso de desarrollo social y de aprendizaje dentro de la escuela.
“Los maestros también se benefician de estos entornos escolares adecuados, pues propician el desarrollo y ejecución de los planes de estudio y dinámicas de clase, fortaleciendo los procesos de enseñanza”.
Expone que a pesar de que se reconoce la contribución de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de las actividades escolares y la reducción de las brechas digitales en la educación básica, las escuelas ubicadas en las entidades que se encuentran en mayores desventajas socioeconómicas, comunidades rurales y los servicios que administra el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) presentan una desventaja mayor a 10% con respecto del servicio de educación privada en la provisión de equipamiento de estas tecnologías.
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En tanto que entre las zonas rurales, comunitarias e indígenas y las zonas urbanas con respecto de los servicios de internet presentan una brecha cercana a 80%.
Agrega que se ha detectado que las localidades de zonas rurales padecen, en mayor medida, la exclusión o escasez de equipamiento indispensable para el bienestar y desarrollo de sus habitantes en comparación con las de zonas urbanas.
Dice que “si bien ha existido una tradición de organización comunitaria en estas zonas, la falta de autonomía y reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad de los pueblos, así como de su organización para el uso de subsidios hace menos efectivo que los recursos disponibles respondan a sus necesidades y, como consecuencia, que haya mejoras en los entornos educativos y de aprendizaje”.
El documento de 81 páginas resalta que en el contexto de la pandemia provocada por Covid-19 se identificó un aumento de 3% a 3.5% de niños y adolescentes de seis a 14 años en condición de pobreza, donde con anterioridad se había observado una relación entre la asistencia escolar y presencia de carencias sociales y pobreza.
Precisa que se ha identificado abandono escolar en las escuelas ubicadas en aquellas localidades donde no existen servicios escolares adecuados.
En el análisis se detalla que las entidades del sur del país, como Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz presentan las tasas de abandono escolar más altas en comparación con las demás entidades y son éstas las que tienen los índices de marginación más altos.
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Destaca que aun cuando existen diversas experiencias previas de organización de las comunidades escolares, por su ámbito limitado de acción y acceso a recursos económicos han tenido poca efectividad en su contribución a la mejora de los entornos educativos y como actores sociales que puedan apropiarse de la política social, que busca la mejora de los mecanismos de participación y decisión sobre las necesidades escolares.
En su diagnóstico, la Secretaría de Educación Pública destaca que aunque “han existido esfuerzos para mejorar las condiciones físicas educativas inadecuadas en el país, éstas han incorporado de manera limitada y poco efectiva a las comunidades escolares en la implementación de políticas para la mejora de los entornos educativos”.
El documento aborda las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, que brinda indicadores sobre los servicios básicos, infraestructura o equipamiento en las escuelas de educación básica en cuatro ciclos escolares: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, y menciona que se ha incrementado ligeramente el porcentaje de los planteles que cuentan con electricidad, agua potable, lavabo de manos, sanitarios mixtos, infraestructura adaptada para discapacidad y materiales adaptados para discapacidad en los cuatro ciclos escolares.
“Pero también se observa una disminución en las que cuentan con conexión a internet, computadora y sanitarios independientes”, puntualiza.