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Guadalajara.— El miércoles 19 de septiembre alrededor de 30 funcionarios del gobierno de Jalisco se encerraron durante varias horas para intentar trazar un plan para afrontar la mayor crisis del sexenio de Aristóteles Sandoval; aunque es resultado de años de negligencia, justo una semana antes se conjuntaron todos los factores que la desatarían. Esta es la historia.
Después de dos años de llenar con cuerpos de personas no identificadas una caja refrigerada de tráiler, el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Octavio Cotero Bernal, pidió en mayo pasado a la fiscalía estatal retirar el contenedor de los patios para peritaje de vehículos por dos razones: llegaría un nuevo contenedor tras llenarse el primero con 273 cuerpos, y el personal se quejaba de los fuertes olores que emanaba.
Algunos funcionarios aseguran que para presionar al gobierno estatal, con el fin de que se llevara el tráiler, amagó incluso con estacionarlo fuera de palacio de gobierno, en el centro tapatío.
El agente del Ministerio Público, Lino Morales, y el director del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota, fueron los encargados de localizar un lugar adecuado para resguardar el contenedor y sugieren una bodega en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, pero no se aseguraron de que el inmueble contara con todos los permisos para operar. La noche del 31 de agosto, el tráiler fue llevado a ese sitio.
No pasaron muchos días antes de que los vecinos de la bodega se quejaran ante las autoridades municipales de los malos olores y el miércoles 13 de septiembre la presidenta de Tlaquepaque, María Elena Limón, exigió al gobierno estatal mover el contenedor y clausuró la bodega; comenzó entonces el recorrido de un tráiler que ha convertido a Jalisco en referente internacional sobre el mal manejo de cuerpos de personas no identificadas.
El tráiler había llegado a la bodega de pruebas de la fiscalía, pero no cabía por la entrada ; como si se tratara de cualquier carga, Salvador Cruz Flores contactó a los dueños de la bodega en La Duraznera y consiguió que le permitieran llevar el tráiler a un predio en Tlajomulco, donde vecinos denunciaron el hecho, por lo que el director de Recursos Materiales de la Fiscalía, Salvador Cruz, se comprometió a llevarse el vehículo al día siguiente.
El lunes, el contenedor regresó al IJCF y su director fue cesado, el miércoles rodó la cabeza del fiscal General, Raúl Sánchez, y el jueves, cuando el mandatario estatal recorría las instalaciones del Servicio Médico Forense, uno de los funcionarios que trabajó en el fallido “control de daños” no pudo evitar la broma cuando el olor característico de los cuerpos en descomposición inundó el espacio donde lo esperaba la prensa: “Ya huele a muerto”, dijo una reportera; “es que ahí viene ya el gobernador”, señaló en voz baja el funcionario.
