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Luego de la tragedia en el pozo de carbón de El Pinabete , donde diez mineros quedaron atrapados y perdieron la vida, el Senado de la República trabaja en la elaboración de una nueva ley minera , con la finalidad principal de proteger y garantizar los derechos de los trabajadores del sector y erradicar la depredación de la naturaleza y de las comunidades.
El presidente de la comisión del Trabajo de la Cámara Alta, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que una reforma integral a la ley minera es urgente y necesaria, ya que durante décadas el país se ha enfrentado a una serie de situaciones que entorpecen su pleno aprovechamiento, “apoyadas por las administraciones anteriores y por el interés egoísta de los caciques de la minería”.
Destacó que las concesiones actuales carecen de un sustento válido para su extensa duración de cincuenta años, que se pueden heredar y extender su temporalidad hasta los cien años.
“Si a esto le añadimos el compadrazgo que rige el otorgamiento de concesiones, el surgimiento de una élite de políticos y empresarios nacionales y extranjeros, donde se concentra el poder y se acapara la riqueza mineral, es inevitable”, subrayó.
En su informe anual de labores, el senador morenista destacó que bajo el régimen actual, la minería no beneficia al Estado, pues a pesar de ser una de las industrias con mayor rentabilidad del país y con cuatro de las nueve minas más ricas del mundo, en Latinoamérica se llega a pagar hasta 64 pesos por hectárea, mientras que en México se paga solamente ocho pesos con sesenta centavos.
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Además, denunció que el porcentaje que pagan de impuestos es muy bajo y su aportación no es simétrica respecto a las extraordinarias ganancias que generan, por lo que la industria minera requiere fortalecer el régimen fiscal y redistributivo.
En el evento, realizado en la vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado , Gómez Urrutia sostuvo que legislación actual no tiene una ley normativa fuerte en materia ambiental, lo que posibilita la irresponsabilidad ecológica de las empresas.
Se plantean, entonces, dos evaluaciones de impacto obligatorias: antes de hacer intervenciones sobre el territorio y después, porque si hay daños al equilibrio ecológico, la empresa debe resarcirlos.
“Con la ley minera se busca regular todo el sistema de concesiones y otorgamiento de permisos, ya que actualmente no se toma en cuenta el daño que los proyectos provocan a las comunidades, al medio ambiente y a los propios trabajadores. En ese sentido, la reforma planteará que se cancelen las concesionarios que incurran en ese tipo de conductas y que se cancelen también las concesiones que estén paradas, ya que esa laxitud ha permitido que los empresarios se apoderen de los terrenos en que están los proyectos mineros, los comercialicen, como si fueran dueños de la tierra”, denunció.
Por otra parte, aseguró que sus tareas legislativas se han dirigido en procurar el bienestar de los trabajadores y sus familias para impulsar el desarrollo y la prosperidad económica del país. En este sentido, el líder sindical expresó que su prioridad ha sido poner en el centro de la discusión a la clase trabajadora.
* Con información de Luis Carlos Rodríguez
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