Luego de que este jueves la magistrada Taissa Cruz Parcero , asumió la dirección del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), el Secretario Técnico "A" de la institución, Salvador Leyva Morelos Zaragoza renunció al cargo, al considerar que "no existen condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura".
El abogado, que llevaba el caso de los detenidos por el caso Wallace , aseguró en su carta de dimisión que "la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos", pese a que cuenta con abogadas brillantes y valientes.
Leyva Morelos Zaragoza se fue del cargo acusando que Abraham Pedraza Rodríguez, presunto cuñado de la activista Isabel Miranda de Wallace , trabaja como secretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nació n (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.
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Expresó su temor de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César, implicados, dijo, "en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la defensoría pública encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución.
"Este caso usted lo conoce bien desde que integró el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México. De hecho, el amparo de Albert y Tony permaneció por casi seis años en el Colegiado sin ser resuelto. También sabe que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda de Wallace, trabaja como Secretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, a quien usted me pidió que no atacara cuando le comenté de esta irregularidad".
El exsecretario Técnico "A" del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, acusó a la magistrada Taissa Cruz Parcero de no estar de acuerdo en que se juzguen delitos cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales.
"Yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años privada de libertad sin sentencia".
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