Bruselas.— Ante la catastrófica derrota en Westminster, muchos analistas se preguntan si el acuerdo de salida pactado entre la primera ministra Theresa May y la Unión Europea (UE) es una causa perdida.
A decir de expertos, si el resultado de la votación de ayer hubiera sido manejable, se habría podido rescatar el pacto, incluso buscar un compromiso adicional con la UE, pero ante un margen desfavorable de 230 votos, es improbable que vuelva a presentarse el texto con ajustes cosméticos ante el Parlamento británico.
El primer desafío será el voto de confianza de hoy. En caso de que May no supere el reto, habrá elecciones generales, muy probablemente acompañadas de una solicitud a Bruselas para extender el plazo de salida de la UE, previsto para el 29 de marzo.
Hay dos rutas para celebrar elecciones anticipadas, una de ellas requiere de una mayoría de dos tercios en los Comunes, 464 legisladores. La otra es por mayoría simple, 50% más uno, es decir un mínimo de 326 diputados, que estaría seguido por un periodo de dos semanas durante el cual se podría formar un gobierno alternativo; de fracasar, habría nuevos comicios.
En caso de mantener la confianza de la Cámara de los Comunes, May tendrá que presentar un plan B, el cual podría ser resultado de consultas con la UE y los miembros del Congreso británico, quienes parecen haber tomado el control del proceso.
Esto abriría la puerta a diversos escenarios, de acuerdo con un estudio conjunto elaborado por el centro de estudios The UK in a Changing Europe y el Bingham Centre for the Rule of Law. Uno de ellos consistiría en revocar la solicitud de activación del Artículo 50, con la cual se inició el proceso de salida de la UE. Gran Bretaña puede actuar unilateralmente, no requiere de la aprobación de los 27 socios comunitarios. Esto cancelaría el Brexit.
Otra alternativa sería solicitar una extensión de la fecha de retirada para ganar tiempo buscando algún acuerdo que sea posible vender ante los Comunes. Este dossier requeriría del apoyo de todos los miembros de la unión, quienes se preguntarán si tendría sentido ampliar el plazo sabiendo que no pueden ofrecer ninguna concesión adicional a Londres.
También está la opción de convocar un nuevo referéndum para que la población decida si quiere o no salir de la UE, el cual requeriría 22 semanas para celebrarse. Para llamar a las urnas se necesitaría de una legislación aprobada por los Comunes.
De no prosperar ninguna de estas alternativas, el desenlace inevitable sería la retirada sin acuerdo en la fecha prevista, lo cual desencadenaría caos, al tiempo que dejaría en la incertidumbre a millones de comunitarios y británicos que radican fuera de su país de origen.