La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reanudó sus sesiones públicas y garantizó su apego a la legalidad, constitucionalidad y la defensa de los derechos de los procesos comiciales, luego de más de una semana de crisis interna, en la que se destituyó a José Luis Vargas como presidente de esta instancia.
Al iniciar la sesión, con la asistencia de los siete magistrados y que presidió Felipe Barrera Fuentes, Mónica Soto Fregoso, la única que no se había pronunciado durante la crisis interna, destacó el acuerdo alcanzado para reanudar los trabajos de calificación de la elecciones federales y estatales del pasado 6 de junio.
Dijo que estamos en un momento importante, trascendente y definitorio para la Sala Superior y, por supuesto, para el prestigio del pleno y del TEPJF.
“Este tribunal hará lo que sea necesario para garantizar el ejercicio pleno y la protección de los derechos político-electorales, y llevar a buen término los medios de impugnación que se están presentando, que se han presentado y que faltan para concluir el proceso electoral federal”.
Destacó la capacidad de los magistrados José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, quienes se confrontaron en los últimos días por la presidencia del TEPJF, “por un esfuerzo extraordinario y haber puesto su capacidad para construir los acuerdos necesarios”.
Subrayó que el trabajo del Tribunal Electoral está por encima de cualquier interés particular: “Actuaré siempre con apego a la legalidad y a la constitucionalidad, y este TEPJF hoy ha demostrado que está por encima de cualquier subjetividad que ponga en riesgo la actuación con apego a la legalidad”, indicó.
Soto exhortó a los otros seis magistrados al diálogo y a la construcción de una mejor relación para garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la función de este órgano de impartición de justicia.
Valoró la actuación del magistrado Felipe Fuentes Barrera, “quien hoy funge como magistrado presidente, por ministerio de ley, todos sus afanes y aciertos para conducirnos en esta temporalidad a lograr, por supuesto, desarrollar de manera puntual todas nuestras responsabilidades y además por abonar también a la buena comunicación”.
Durante la sesión, con 147 asuntos o juicios por resolver, la mayoría relativos a gastos de campaña, el resto de los magistrados no aludió en sus intervenciones a la crisis, en la que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por la renuncia de todos sus integrantes, por dignidad.
En el marco de esta sesión, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) a través del cual se establecían las bases para la convocatoria para designar consejerías del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Aguascalientes.
El caso analizado en sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, se deriva de una inconformidad planteada por una persona sobre la convocatoria emitida por el INE el 28 de abril del presente año, por considerar que se le discriminaba en razón de género, toda vez que la persona se autoadscribía como no binaria.
La persona afectada solicitó modificar la convocatoria y reservar un espacio para garantizar el acceso de las personas no bina- rias a integrar un órgano de autoridad electoral.
Sin embargo, el INE consideró que no podían modificarse las reglas del proceso, porque la convocatoria estaba firme; decisión que la parte actora controvierte ante la Sala Superior.
Tras analizar los argumentos vertidos en dicho juicio, los magistrados determinaron que la persona inconforme ejerce su derecho a integrar autoridades electorales, pues concursa en el proceso de selección y asignación de las consejerías del OPLE en Aguascalientes, sin que existan elementos de discriminación que limiten esa participación.
No obstante, en pleno respeto y reconocimiento a los derechos de toda persona, específicamente en cuanto a su individualidad, reconoció que, en futuras ocasiones, la inclusión de elementos que permitan a las personas no binarias participar en términos de igualdad y pleno reconocimiento de su individualidad, es una acción acorde con un correcto entendimiento de la libre autodeterminación y con el fin de preservar la identidad de quienes concursan en todos los procesos de selección de consejeros de los OPLE.
