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El gobierno federal avanza en la aplicación de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDN) para evitar la discriminación y eliminar los efectos que sufren niñas, niños y adolescentes en sus vínculos familiares cuando tienen a su madre, padre o un pariente privado de la libertad, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob).
Francisco Castellanos García, director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE), del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), expuso que se diseñan protocolos para el ingreso de niñas y niños para las visitas a los centros penitenciarios y la atención en casos de violencia, además que se trabaja en el ajuste de los ya existentes para su ingreso, egreso y estancia en reclusorios femeniles donde pueden vivir.
En el marco de la primera reunión de la mesa de coordinación interinstitucional y multidisciplinaria de la cátedra “Infancias con referentes de crianza en prisión, Infancia es destino”, que impulsan la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Poder Judicial, puntualizó acciones para mejorar los espacios físicos de los centros de reclusión donde habitan, como alimentación, cuidados de salud, servicios de educación inicial y fortalecimiento de vínculos que den seguridad y afecto.
Destacó que un importante desafío es recuperar las paternidades con la población masculina privada de la libertad con apoyo de acciones estatales, para lo que se requiere invertir en políticas, programas y especialistas que atiendan a estos grupos poblacionales específicos.
La jefa de departamento de Políticas de Defensa y Promoción de Justicia de la SE, Emma Martínez Oloarte, habló del programa de fortalecimiento familiar para esta población, cuyo objetivo es reforzar el vínculo afectivo entre la persona privada de la libertad y su familia, a través de la concertación de programas sociales, ayuda psicológica, orientación social, llamadas telefónicas, visitas y televisitas, que facilitan la comunicación y los lazos afectivos.
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Apuntó que para el cumplimiento del objetivo y acciones, la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social (DGIAPRS) del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la SE del Sipinna, elaboró la Cédula para la identificación de necesidades para el establecimiento y fortalecimiento del vínculo familiar.
Este instrumento recaba datos e información sobre las personas privadas de la libertad y quienes integran sus familias, en particular hijas e hijos, a fin de establecer acciones que les permitan vivir en un contexto familiar favorable, crecer y desarrollarse libres de toda discriminación y violencia, así como acceder a la educación, salud y recibir apoyo oportuno para sus necesidades elementales.
Martínez Oloarte informó que hasta el primer semestre de 2021 se aplicaron 9 mil 734 cédulas en 14 centros federales de readaptación social varoniles en el país, mientras que las necesidades de niñas, niños y adolescentes detectadas fueron:
5 mil 455 becas económicas, 5 mil 590 becas educativas, 4 mil 173 becas alimentarias, 883 niñas, niños y adolescentes que no estudian, 3 mil 298 servicios médicos y 2 mil 868 apoyos psicológicos.
Además informó que se solicitará al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el orden estatal, la actualización mensual del estatus de las acciones realizadas dentro de cada entidad federativa, que deberá incluir los informes sobre los resultados de las visitas domiciliarias y el diagnóstico, además del resultado de la cédula aplicada a las personas cuidadoras en los ámbitos de bienestar o salud.
También se informará a madres o padres sobre los avances en la atención a sus hijas o hijos, y de ser necesario se solicitará alguna información requerida en los informes que permita continuar con la protección a su descendencia.
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