Trabajadores del IMSS en al menos nueve estados denunciaron fallas en los servicios de laboratorio proporcionados por tres nuevos proveedores contratados por el instituto, lo que pone en riesgo la salud de los pacientes con errores en estudios clínicos, confusiones en datos personales y falta de equipamiento e insumos para las pruebas reactivas.
En documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se constató que el Seguro Social contrató a estos proveedores con un sobreprecio de 962 millones 177 mil 742 pesos con respecto a otras firmas que ofrecían los mismos servicios.
Según el fallo de la licitación para contratar el servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico, para los pacientes del IMSS, las empresas Hemoser, Centrum e Impromed fueron declaradas triunfadoras de las principales partidas, aunque éstas ofertaron por 7 mil 169 millones de pesos, mientras que el consorcio Falcón lo hizo por 6 mil 360 millones de pesos; el sobreprecio es de 809 millones 204 mil 911.
En la adjudicación directa para los servicios de laboratorio en las delegaciones norte y sur de Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató a Laboratorios San Ángel por 513 millones 731 mil 645 pesos, cuando Falcón presentó una propuesta de 360 millones 758 mil 814, lo que equivale a un sobreprecio de 152 millones 972 mil 830.
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Tras el fallo de la licitación el 1 de abril pasado, los consorcios ganadores tenían 90 días para habilitar el sistema informático necesario a fin de iniciar la prestación plena de los servicios de laboratorio, pero para el 1 de julio trabajadores de hospitales en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Puebla, Nuevo León y Sinaloa denunciaron que la instalación del servicio no había ocurrido en al menos 400 hospitales del IMSS.
En el oficio dirigido a Ricardo Balboa Muñoz, jefe de Laboratorio del Hospital General de Zona Número 2, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, firmado por 16 trabajadores de este servicio médico, éstos denunciaron errores en el sistema informático de Elismart S.A. de C.V., que al igual que Hemoser está representada legalmente por Ignacio Higareda Figueroa.
“Dicho programa presenta muchos errores graves, además de no cumplir con los requerimientos que exige el sistema de trabajo de esta unidad. Hay estudios que no pueden ingresarse, a pesar de estar en el sistema y ser seleccionado por el usuario, tales como PCR o Reacciones Febriles, y los códigos de barra de las muestras están mal codificadas, muchas de ellas no son leídas por el equipo”, indica el documento en poder de EL UNIVERSAL.
En respuesta a este diario, el IMSS aseguró que los consorcios ganadores de la licitación fueron la oferta más baja de las propuestas presentadas y que cumplían con lo requerido, aunque las cifras del portal de Compranet muestran lo contrario.
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“El proceso fue mediante licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados para la contratación del servicio médico integral de laboratorio clínico; la empresa adjudicada correspondió a la oferta más baja de las propuestas presentadas al IMSS que cumplían en torno a los requisitos técnicos, administrativos, legales y económicos solicitados en la convocatoria”.
Sobre las quejas de los trabajadores, el organismo encabezado por Zoé Robledo explicó que éstas no han llegado a las áreas correspondientes. “Tanto la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio, así como la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica no cuentan con señalamientos al respecto”.
Fuentes de primer nivel dentro del instituto revelaron que como consecuencia de estos señalamientos, Ulises Morales, jefe de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura del IMSS, renunció antes de que concluyera septiembre; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que su renuncia se debió a motivos personales.
“Sobre el extitular de Adquisiciones e Infraestructura se informa que presentó su renuncia al cargo por razones personales. El IMSS reitera su compromiso con la transparencia y apego a los procesos de licitación que garanticen servicios de calidad en beneficio de los derechohabientes”.
