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El informe anual atrocidades 2022 documentó seis mil 217 a nivel nacional, mientras que, en el 2021, fueron cinco mil 333, que representa un aumento del 16.57%, de acuerdo al informe del organismo Causa en Común a través de un recuento hemerográfico.
Las atrocidades con mayor incremento de 2021 a 2022 fueron: violación agravada, que de 75 pasó a 251 casos, lo que representa 235%; asesinatos de periodistas, de nueve a 17, es decir 89%; asesinatos de mujeres con crueldad, de 490 a 808, que representa 65%; y tortura, de mil 151 a mil 793 casos, es decir 56%.
Delitos y estados que encabezan la lista
En el 2022, los delitos que encabezan la lista son: tortura con mil 793 casos; mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres con 808; asesinato de mujeres con crueldad extrema, 801; masacre 500; actos violentos contra la autoridad 380; asesinatos de niños y adolescentes, 359, entre otros.
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Los estados que registraron más atrocidades fueron Baja California, 508; seguido por Guanajuato, 477; Michoacán, 366; Morelos, 352; y Estado de México, 252.
Las entidades con el menor número de actos violentos fueron: Coahuila, 26; Querétaro, 35; Aguascalientes, 39; Baja California Sur, 44 y Campeche, 46.
Registro de atrocidades
El 1 de enero del 2022 fue localizada la cabeza de una mujer al interior de una hielera en Monterrey, Nuevo León; el 27 de febrero, civiles armados masacraron a 17 personas en San José Gracia, Michoacán.
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El 21 de abril, fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Susana Escobar, quien fue encontrada dentro de una cisterna con golpes contusos en la cabeza, en Escobedo, Nuevo León. El 9 de julio fueron localizadas 15 bolsas con restos humanos descuartizados en El Salto, Jalisco.
El reporte califica como necesario financiar proyectos que ayuden a documentar, visualizar y explicar las violencias que se ejercen en el país a fin de generar propuestas que prevengan y atiendan la situación de criminalidad que atraviesa el país.
Así como generar alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos a fin de colaborar en la construcción de programas y proyectos de seguridad de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región de México .
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