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Por Esquina 32
A partir del 29 de julio pasado varios negocios de la calle Mercurio, en el distrito Sánchez Taboada, el más violento de Tijuana, comenzaron a echar el cierre. Aquella madrugada, Martha Ofelia Ortiz , de 69 años, fue asesinada a tiros delante de su nieto y un empleado en la tortillería que desde hacía dos décadas regentaba en el bajo de su casa. Según la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) , el ataque fue directo y sin intención de robo. La extorsión , a pesar de que nunca hubo una denuncia como en el 99% de los casos, es una de las líneas de investigación abiertas. Los vecinos dicen que el mensaje fue claro: quien no paga, muere.
“Supuestamente fue cobro de piso, sí pagaba, pero después se lo subieron y no quiso pagar”, dice la empleada de un comercio de la calle. “A mí me dijeron que le tenía que pagar y yo pago. Solo veo (al extorsionador) el día que viene a cobrar”, añade otra joven sobre un supuesto “servicio de seguridad” que no sabe en qué consiste. Un encargado de otro negocio afirma que después del asesinato de Martha Ofelia Ortiz, varios comerciantes recibieron amenazas de muerte para que comenzaran a pagar este impuesto criminal. Todas las fuentes entrevistadas en la colonia Sánchez Taboada piedieron el anonimato. Se entiende en un lugar donde solo en el primer semestre de este año han sido asesinadas 146 personas y en los últimos meses varias calles han amanecido con cuerpos desmembrados.
La Sánchez Taboada es uno de los símbolos de la Zona Este, en la que se han concentrado la mayoría de asesinatos en los últimos años, los más violentos de la historia reciente de Tijuana. Entre 2008 y 2010 en la ciudad era común ver comandos armados en las zonas más nobles, grandes negocios cerrados y empresarios que cruzaban la frontera para huir a San Diego. El pico de homicidios fue de 843 en 2008. Este año, solo hasta septiembre, se han cometido cerca de 1,500. La diferencia es que la inmensa mayoría ocurren en zonas marginadas, lejos de los destinos de unos turistas que llegan en masa a la ciudad. El cobro de piso parece que ha seguido la misma dinámica: afectó menos a grandes empresarios para alcanzar de lleno a los pequeños comerciantes.
El presidente de la Confederación Patronal Mexicana ( Coparmex ) en Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, recuerda que hace más de una década se extorsionaba solo por permitir trabajar y eran frecuentes los falsos secuestros para pedir rescates, hoy en su organismo no hay un solo caso registrado de este delito.
Esto no quiere decir que la extorsión haya desparecido entre el empresariado tijuanense. Los representantes de los organismos empresariales consultados reconocen que las extorsiones casi nunca se denuncian por temor y que sufren otras modalidades más allá del cobro de piso.
Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, dice que cuando trasciende la muerte de algún empresario los delincuentes aprovechan ese momento de pánico para amedrentarlos e intentar extorsionarlos. Los agremiados a este organismo han sufrido llamadas amenazantes, hackeos de whastapp y fraudes.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Jorge Figueroa, afirma que, a cambio de no perjudicar a sus familias o negocios, los extorsionadores piden a miembros de este organismo desde 500 hasta 10,000 pesos vía telefónica. Los delincuentes proporcionan datos personales o detallan actividades recientes que han realizado los socios afectados para crear la idea de que los siguen.
Pero si el temor a denunciar es común entre los empresarios, en la colonia Sánchez Taboada es un imposible, a pesar de que en la entrada de la colonia policías y militares patrullan cada día. Un hombre que trabaja en esa zona, explica que cada día cuando cierra el negocio esconde sus pertenencias para que si lo asaltan “se lleven poco”. Lo normal es callarse e intentar cuidarse a uno mismo.
Baja California: 35% al alza
En Tijuana, según el fiscal central del Estado de Baja California, Hiram Sánchez Zamora , solo hay cinco carpetas de investigación por cobro de piso, la mayoría de pequeños comerciantes. Apenas en una hay un detenido, en prisión preventiva, porque le prendió fuego al carro de su víctima para obligarla a pagar la cuota. Pero el estado de Baja California ocupa la cuarta posición en casos de extorsión a nivel nacional. Mexicali es donde más delitos se han registrado entre enero y agosto de 2021 con 48 casos por los 43 de Tijuana.
Sánchez Zamora asegura que la mayoría de las extorsiones son vía telefónica y que, en muchos casos, llegan desde diferentes centros penales del país donde los internos operan redes articuladas. El fiscal dice que, sin embargo, en la gran mayoría de estos casos las autoridades han logrado evitar que las víctimas efectúen el pago del dinero porque han asegurado muchas cuentas bancarias que están identificadas.
En los últimos cuatro años, en Baja California el delito de extorsión ha registrado altibajos: entre 2018 y 2019, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadadana , aumentó un 62% hasta llegar a los 219 casos. El año siguiente descendieron hasta casi la mitad para volver a aumentar un 35% en los primeros ochos meses de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior.
El transporte público es uno de los sectores más golpeados por la extorsión, los secuestros y los asesinatos. Baltazar Gómez, uno de los líderes del gremio, dice que no llevan una estadística de los casos porque no todos los chóferes les comparten cuando sufren las amenazas. Solo trasciende que fueron víctimas de un delito cuando son secuestrados o asesinados. Algunos, añade Gómez, han migrado a Estados Unidos para cuidar a sus familias después de recibir amenazas. La Fiscalía desarticuló este año una banda que se dedicaba al secuestro de transportistas .
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Los datos sobre extorsión en Tijuana, igual que en el resto del país, es necesario tomarlos con cautela por el silencio causado por el temor y la desconfianza hacia las autoridades. Según el estudio de México Evalúa, La extorsión empresarial en Baja California: una hoja de ruta , presentado este miércoles, la extorsión telefónica es la más extendida. “Es posible que sea porque es la que más ocurre, pero también es posible porque es la más fácil de reportar“, puntualiza María Teresa Martínez Trujillo, investigadora del programa de seguridad y reducción de la violencia en México Evalúa , profesora del Tec de Monterrey y coautora del estudio.
“No hay que perder de vista que el cobro de piso es el tipo de extorsión que a largo plazo menos en denuncia“, añade Martínez Trujillo, quien enfatiza el riesgo de la víctima en estos casos. “Se traduce en que si no me das ese dinero voy a atacar tu negocio, voy a atacar a tus familiares, te protejo de mi misma violencia ”.
Un ejemplo de esta dinámica ocurrió el pasado 13 de julio, en el Rancho Las Flores. Felipe Hurtado, un tendero de la tercera edad, fue asesinado en su tienda de abarrotes de un tiro en la cabeza. Según la investigación de la fiscalía, en este caso no se estudia la extorsión como móvil porque, según los familiares, no había habido amenazas previas. A pesar de eso, su familia le dijo a estos reporteros, que creían que ese era el motivo. El día del asesinato no robaron nada de la tienda y se produjo una discusión entre la víctima y el victimario. El cobro de piso, aseguran varios vecinos, es una práctica extendida en este lugar y en varias colonias vecinas.
Hoy una cruz y una foto recuerdan a Felipe Hurtado en la entrada de su tienda, un hombre que cada año patrocinaba y coordinaba una liga de fútbol para los jóvenes de su comunidad.
La frontera desigual
Cada mañana Jesús Cortez instalaba su puesto de barbacoa en las calles Lucrecia Ortiz y Fernando Sánchez Ayala, a unas cuadras de la frontera entre México y Estados Unidos. La línea no solo marca la división entre una ciudad segura, San Diego, y una de las más violentas del mundo, Tijuana. También es el símbolo de un enorme trasiego comercial. Según el estudio de México Evalúa, en la frontera México-Estados Unidos se intercambian 1,500 millones de dólares por día, de los cuales la megaregión de CaliBaja (compuesta por los municipios de Baja California y los condados de San Diego e Imperial Valley en California) genera un PIB anual de 250 mil millones de dólares. Pero ese flujo de dinero no ha paliado la desigualdad.
La Zona Norte , donde se ubicaba el puesto de barbacoa de Don Chuy, como le conocían los vecinos, está envuelta en la pugna entre células criminales que buscan controlar una de las partes más antiguas de la ciudad, un tradicional lugar de trasiego de drogas y personas. La mañana del 19 de junio Jesús Cortez y su hijo César Cristóbal fueron asesinados en su negocio. El reporte preliminar indicó que se trataba de un intento de asalto con violencia, pero los vecinos de la zona lo niegan. El motivo, según estos testimonios, fue el “cobro de piso”.
“Últimamente no vendían tanto, la clientela se les había caído bastante, a lo mejor no podían pagar la cantidad que les pedían y por eso no aceptaron”, dice un comerciante del área.
El día del asesinato, después de una persecución por las calles del centro, la policía detuvo a los dos pistoleros. Ambos fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de homicidio con ventaja. En un principio, las autoridades descartaron el delito de cobro de piso. Hoy la Fiscalía General del Estado ya reconoce que la extorsión es parte de la línea de investigación. Pero, de momento, no figura como motivo del asesinato de los dos taqueros en la carpeta de investigación por falta de pruebas y porque en un lugar donde la violencia, el miedo y el silencio son norma tampoco hay personas que testifiquen.
