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Cuando Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dirigía la Secretaría de la Función Pública (SFP) intercambió oficios con el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Le pedía “congruencia con nuestras obligaciones legales y el deber ético que implica ser parte del gobierno de la Cuarta Transformación”.
El motivo: Cresencio Sandoval no había presentado su declaración patrimonial.
En el documento FP/100/262-11/2020, Sandoval Ballesteros le explica al general que si bien emitió un acuerdo para la ampliación de plazos para la presentación de la declaración patrimonial, éste sólo aplicaba a niveles jerárquicos medios, enlaces, operativos y de base sindicalizados.
“No corresponde a los mandos superiores del gobierno federal que necesitamos cerrar filas en la lucha contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas, porque la transparencia no se detiene, bajo ninguna circunstancia”, escribió el 22 de abril de 2020.
La declaración patrimonial hace pública el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público mientras desempeña un cargo.
Así, la ciudadanía puede conocer los ingresos, sus bienes muebles e inmuebles, vehículos, entre otros, y comprobar que sean congruentes con su labor en el servicio público.
La secretaria de la Función Pública le ofreció poner a su disposición al personal técnico del área de Registro Patrimonial para apoyarle, según consta en los registros de correo electrónico que filtró el grupo Guacamaya.
La iniciativa que nunca fue
El tema de la declaración patrimonial requirió un segundo oficio de Irma Eréndira Sandoval el 12 de junio de 2020. Ahora pedía la comprensión tanto del general Sandoval como del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, para impulsar la presentación de la declaración patrimonial y de interés de todos los integrantes de las dependencias castrenses.
Les dice que en la Secretaría de la Función Pública están conscientes de que, para el personal operativo, la presentación de la declaración patrimonial y de intereses burocratiza las tareas de prevención y detección del enriquecimiento ilícito.
“Esta disposición, aprobada en la pasada administración, fue parte de las medidas simuladoras que acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y han generado un cúmulo de dificultades técnicas y operativas para que los servidores públicos de menores ingresos del gobierno [entre ellos marinos y soldados de tropa], cumplan con su obligación”, se lee.
Irma Eréndira Sandoval consideró que esto implicaba una reforma constitucional para evitar que la tropa presente esta declaración, “dado que poco o nada aporta al combate a la corrupción”.
En ese sentido, les informó que presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución y al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas (LRA).
Les adjuntó el documento con su propuesta y agregó: “será muy importante y valioso contar con su apoyo para respaldar ante nuestro Señor Presidente de la República dicha iniciativa”.
La iniciativa nunca prosperó. En la información pública de la Cámara de Diputados no se localizó la propuesta que redactó la exfuncionaria; hasta el momento, ni la Constitución ni la LRA presentan cambios.
Para el 30 de julio, desde la oficina de Sandoval se volvió a buscar al titular de la Sedena, ahora para informarle que aún había 162 funcionarios de alto nivel que no habían presentado su declaración y que sólo tenían un día más para enviarla.
“No omito mencionar que el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, añadió lrma Eréndira Sandoval Ballesteros en el documento.
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