En lo que va de 2022, se han presentado 524 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra varias instituciones de seguridad federales, en su mayoría por desaparición forzada, tortura y detención arbitraria.
Según la CNDH, la Guardia Nacional (GN), que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, cuenta con 202 quejas este año, seguida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 169; Fiscalía General de la República (FGR), 124; Secretaría de Marina, 15; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 10, y la Policía Federal Ministerial, cuatro.
Tan sólo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la comisión, que dirige Rosario Piedra Ibarra, ha acumulado 4 mil 428 quejas, que a decir de la presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera Mitre, “se están quedando guardadas”.
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“En sexenios anteriores, el titular de la CNDH se reunía con el presidente en turno en Los Pinos, donde acudían los coordinadores de las Fuerzas Armadas para hablar sobre las recomendaciones que se les giraban. Es decir, había una relevancia tal sobre ese tema, que los generales temblaban de que les fueran a sacar una recomendación”, dice la activista a EL UNIVERSAL.
Morera Mitre lamenta que en esta administración “tengamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos prácticamente inexistente… invisible. Y lo que está sucediendo con las quejas contra las Fuerzas Armadas es que están en un cajón durmiendo el sueño de los justos”.
Agrega que en la mayoría de las veces las víctimas no denuncian por diversas causas, como el miedo. Aunque comenta que el problema es que “con la señora que dirige la Comisión prácticamente es irrelevante denunciar o no, porque ya sabemos que no va a pasar nada”.
La activista añade que persisten las malas prácticas entre las fuerzas de seguridad pública.
“Es evidente que siguen existiendo las malas prácticas que en el pasado, y estoy convencida de que las malas prácticas son mayores porque este Presidente, como él mismo lo dice reiteradamente, les da abrazos a los criminales y además los protege. Entonces, esto hace que los criminales actúen con más fuerza y ha hecho que se generen más atrocidades de las que habíamos visto en épocas pasadas”, argumenta.
De acuerdo con datos de la CNDH, las recomendaciones contra las fuerzas de seguridad subieron 50.1% en 2021, en relación a las que hubo en 2020, al pasar de 870 quejas a mil 306.
Los delitos que más se han presentado ese recurso fueron detención arbitraria, con 70 casos, seguido por trato cruel, degradante o inhumano, 57 quejas.
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En su Informe 2021 del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, Causa en Común señala que “las Fuerzas Armadas tienen más probabilidad de abusar de los detenidos que la Policía Federal, estatal o municipal”, pues 88% de los detenidos por la Armada, y 86% de las detenidas por el Ejército se han quejado de tortura y otros abusos. Cabe recordar que desde que las Fuerzas Armadas sirven de “barrera de contención” de migrantes son recurrentes los abusos de autoridad”.
Señala que desde el inicio del actual gobierno hasta agosto de 2021, han muerto 557 civiles a manos de militares y 95 han resultado heridos.
Destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador “ha promovido una militarización como nunca ha conocido el país en su historia con la creación de una Guardia Nacional militar y la autorización constitucional del uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, además de tareas civiles diversas”.
El académico de la UNAM y especialista en temas de seguridad, Edgar Ortiz Arellano expone que a causa de los altos índices de violencia que enfrenta el país, hace que tanto el uso de las FA como los órganos de seguridad pública sea mucho más intensa que en años anteriores “y esto también provoca que los roces, conflictos y posibles violaciones a los derechos humanos se disparen”.
Sostiene también que “en este combate al crimen organizado se dan una serie de condiciones que no son favorables ni para la democracia ni para los derechos humanos de México. Hay que recordar que el crimen organizado y la delincuencia de delitos menores, utiliza el discurso de los derechos humanos como estrategia para desestimar acusaciones o delitos que cometen”.
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