La diputada federal del PAN, María Teresa Castell De Oro Palacios, adelantó que no acatará la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la presunta comisión de violencia política de género contra la diputada Trans, Salma Luévano, a quien llamó “hombre”.
En conferencia de prensa, recordó que la sentencia se dio porque llamó “hombre” a la diputada Morenista, motivo por el que se le pidió tomar un curso en materia de género y será integrada a la lista de personas violentadoras, sin embargo, informó que acudirá a instancias internacionales.
“No, no lo voy a aceptar, me voy a las instancias internacionales, yo espero que México sea una muestra cuando se pone un antes y un después en los derechos de la mujer, no permitir que se sigan perdiendo, como lo han estado permitiendo”, expuso.
La legisladora panista, dijo que el gobierno mexicano “está aferrado e insiste en que nosotras seamos borradas o que perdamos nuestros derechos”, y señaló que con las nuevas leyes, México está transitando hacia un “patriarcado transformado”.
De igual forma, señaló que “no me avergüenza estar en el registro” de personas violentadoras de género.
“Al contrario, ser la primera mujer de estar en un registro ilógico por tener que decir la verdad, es discurso de odio, discúlpenme, esas estas leyes y estas herramientas hicieron para que las mujeres nos defendiéramos de los hombres, no para que nos atacaran a las mujeres”, indicó.
Acompañada de mujeres integrantes de organizaciones civiles, Castell de Oro Palacios, adelantó que solicitará a la Jucopo que se legisle en la materia.
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Alejandra Yáñez, de colectivos feministas, sostuvo que son decenas de mujeres feministas, políticas, académicas y ciudadanas unidas quienes seguirán denunciando “el atropello de nuestros derechos por la ideología de la identidad de género”.
“Estamos aquí unidas, unimos nuestra voz para denunciar los abusos de la ideología de la identidad de género que nos impone falsas realidades de forma aplastante, arbitraria y contraria a la verdad contrastable, nos preocupa que las instituciones actúen de manera contraria a su razón de ser, porque lejos de velar y garantizar nuestros derechos, los están atropellando y nos castigan por disentir y expresar en libertad nuestro pensamiento”, concluyó.
Con información de Enrique Gómez
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