Con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentará a una renovación no sólo por los 17 cargos que están en juego en las salas regionales y Sala Superior, sino a la desaparición de uno de sus órganos clave, la Sala Especializada, encargada de la resolución de las quejas interpuestas por infracciones durante las precampañas y campañas, así como la intervención de funcionarios y la propia Presidencia de la República en los comicios.
La renovación llega cuando existen cinco vacantes en las salas regionales, así como dos en la Sala Superior por omisiones del Senado que lleva arrastrando desde 2022, por lo que los órganos electorales han tenido que funcionar incompletos, o con secretarios en función de magistraturas.
Sin embargo, en el caso de la Sala Superior se les aprobó una extensión del cargo a los cinco magistrados hasta 2027, que deberían concluir entre 2024 y 2025; es decir, les permite continuar hasta la próxima elección intermedia.
Además, la reforma plantea la desaparición de la Sala Regional Especializada a más tardar el 1 de octubre de 2025, la cual se encarga de resolver denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña, imparcialidad de uso de recursos públicos y propaganda, así como violación a normas de radio y televisión.
La reforma, propuesta y lagunas por llenar
Entre las principales modificaciones que plantea la reforma judicial se recorta el periodo de las magistrados electorales de nueve a seis años, aunque el número de integrantes que conforman el pleno se mantiene.
También establece que deberán cumplir con los mismos requisitos que los ministros para acceder al cargo: al menos cinco años de experiencia, residencia en el país los últimos dos años y promedio entre ocho y nueve en el campo académico. Los magistrados con una prórroga del cargo serán los cinco que forman la Sala Superior: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Janine Otálora, que fueron designados hasta 2025; Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, que saldrían este año.
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Sin embargo, la magistrada Otálora advierte que no aceptará la ampliación del cargo y concluirá en 2025, periodo por el que fue designada por el Senado. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón analiza esa posibilidad, aunque sin haber definido la ruta que tomará.
En el caso de las dos vacantes de magistrados que sean electas, habrá una excepción para que puedan durar en el cargo ocho años, y de así toda la Sala Superior sea renovada en 2033. Esta misma excepción, establecida en los artículos transitorios, también aplicará para los magistrados de salas regionales.
La Sala Superior también será la máxima instancia para resolver las impugnaciones interpuestas contra la elección popular del Poder Judicial, con excepción de las candidaturas al TEPJ, ya que entraría un conflicto de interés al ser juez y parte.
Sin embargo, ante la desaparición de la Sala Especializada, no se establece si los afectados podrán impugnar primero ante esta instancia, o la Sala Superior será la única en resolver los asuntos, sin posibilidad de revisión en un segundo tribunal.
Todos los vacíos deberán ser explicados en la ley secundaria, aunque el Congreso aún no ha definido la fecha para comenzar con la elaboración del dictamen.
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Sala Especializada, un ente incómodo
Uno de los puntos que deja sin mayor explicación la reforma es la desaparición de la Sala Especializada, que surgió con la reforma electoral de 2014 y cuya extinción está prevista a más tardar en 2025.
La Sala Especializada se encargaba de resolver el fondo de los procedimientos especiales sancionadores, es decir, las quejas que inicialmente se tramitan ante el INE, que sólo puede pronunciarse por medidas cautelares mediante la Comisión de Quejas y Denuncias.
Una vez que se resuelven estas quejas, el INE las envía a la Sala Especializada para determinar si se cometió alguna infracción electoral.
Este proceso implica alrededor de 500 personas que laboran a nivel nacional, según estimó el magistrado De la Mata, por lo que insistió en que en la ley secundaria debe abordarse cómo va a absorber la Sala Superior estas atribuciones.
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La Sala Especializada también ha fungido como un área incómoda al resolver temas relevantes como impugnaciones contra candidaturas presidenciales, a legisladores federales y gubernaturas, así como la intromisión de funcionarios públicos en las elecciones.
En el proceso electoral 2024 determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió violaciones al principio de imparcialidad en la contienda, uso indebido de recursos y difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en más de 50 de sus mañaneras.
Incluso, acusó que el ahora exmandatario morenista incurrió en uso indebido de programas sociales, al condicionar en sus conferencias diarias la continuidad de estos apoyos con la aprobación del llamado plan C de reformas.
La elección, método y boletas
Aunque no se han definido los detalles en la ley secundaria, la reforma al Poder Judicial plantea que la elección de las dos vacantes de la Sala Superior se realizará a nivel nacional, mientras que para los 15 cargos de las cinco Salas Regionales será en su respectiva circunscripción.
La elección abre la posibilidad de que las personas que se encuentren en estos cargos sean incorporadas a las listas del Senado para que puedan participar, excepto cuando declinen su candidatura o busquen postularse por otro cargo.
En caso de no ganar la elección por la que compitan, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta los nuevos magistrados.
Sobre la configuración de la boleta, que será definida por el INE, señala que se podrán elegir hasta dos mujeres y dos hombres para magistrados de Sala Superior, y en las regionales serán hasta dos mujeres y un hombre por cada sala.
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