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Las recientes resoluciones del Poder Judicial que suspenden la aplicación del Plan B de la reforma electoral son muy importantes porque permiten preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en México, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
En un video mensaje compartido en redes sociales, destacó que el INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional, “que se ha visto amenazado por una reforma electoral, el llamado así Plan B, que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país, una batalla jurídica que aún no concluye”.
Señaló que a lo largo de sus nueve años de existencia, como resultado de la reforma de 2014, por la que sustituyó al IFE, el INE ha tenido que enfrentar una enorme cantidad de desafíos de muy diversa índole.
Al hacer un balance de las actividades del instituto, como órgano nacional, Córdova Vianello resaltó que tuvo que asumir todas las atribuciones que tenía “el otrora órgano federal”, más 75 nuevas funciones que adquirió en su nuevo carácter de órgano nacional encargado ya no solo de la organización de las elecciones federales, sino también de coorganizar, junto con los organismos públicos locales electorales, todas las elecciones estatales y municipales del país.
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Señaló que desde su punto de vista, el INE ha enfrentado con éxito seis desafíos, entre los que subrayó los comicios intermedios de 2021 y las primeras consultas populares, ejercicios marcados por los ataques del gobierno en contra del árbitro electoral.
“El INE logró llevar a buen puerto las elecciones intermedias de 2021, así como los primeros ejercicios de consulta popular y de revocación de mandato de nuestra historia, a pesar de enfrentar una sistemática descalificación a su labor desde el gobierno y los circuitos gubernamentales, a pesar del hostigamiento de que fuimos objeto las y los consejeros electorales del instituto, mismo que incluyó amenazas personales, denuncias penales y la interposición de varios juicios políticos, así como también de los graves recortes presupuestales que comprometieron las funciones constitucionales del INE”, recalcó.
El presidente del INE también destacó como un reto superado por el instituto, la instrumentación de la reforma electoral de 2014.
“No se trató de una tarea fácil, vista la complejidad de esa nueva normatividad. De hecho, muchos analistas y expertos electorales consideraron en su momento que era algo imposible de concretar. Sin embargo, se logró instrumentar exitosamente dicha reforma, y bajo el nuevo marco legal hemos tenido el periodo más largo de estabilidad política y gobernabilidad democrática de nuestra historia”, recalcó.
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Recordó que en 2015, el INE enfrentó el delicado intento de boicot de las elecciones por parte de diversos grupos sociales que por distintas razones, “como por ejemplo las protestas magisteriales contra la reforma educativa, pretendieron impedir la realización de los comicios de ese año. Finalmente, el INE logró superar todas las adversidades y las elecciones pudieron llevarse a cabo a lo largo y ancho del país”.
Lorenzo Córdova presumió que el INE logró organizar exitosamente las elecciones presidenciales de 2018, “a pesar del ambiente agudamente crispado y polarizado y de las numerosas descalificaciones de que fue objeto, garantizando no obstante, a todos los contendientes, condiciones de equidad en la competencia”.
Apuntó que el INE logró organizar exitosamente los procesos electorales de 2020 y 2021, en medio de la emergencia provocada por la pandemia de Covid-19, sin que la organización de las elecciones alterara el comportamiento de las curvas de contagio. “Es decir, se logró garantizar, gracias a los estrictos protocolos sanitarios instrumentados, que el ejercicio de los derechos políticos no pusiera en riesgo el derecho a la salud”, puntualizó.
El consejero presidente insistió en que el INE ha tenido que emprender una defensa jurídica del orden democrático y constitucional, amenazado por el Plan B, “una batalla jurídica que aún no concluye, pero que en las semanas recientes ha permitido una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas en nuestro futuro.
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