El abogado José Mario de la Garza posteó en redes sociales la acción de inconstitucionalidad que presentó contra el decreto de reforma donde se transformó el Distrito Federal en la ahora Ciudad de México.

En 2016, cuando el expresidente López Obrador era dirigente nacional de apeló a la , en donde el proyecto fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

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En su reclamo, el expresidente argumentó que la Suprema Corte sí podía ser competente para reconocer una acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma a la Carta Magna. Además, explicó que el Máximo Tribunal debía ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad en las normas que violentan los derechos humanos enfocados en contenido político.

Este mismo argumento fue aquel que se pretendía eliminar en el Artículo 1 de la Constitución, pero que Morena decidió cambiar para evitar la violación de Derechos Humanos.

El expresidente defendió que las causales de improcedencia de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la y los criterios aislados de la SCJN que impedían la admisión de su acción habían sido derogados debido a la reforma constitucional enfocada en derechos humanos (2011) por lo que “se debía inaplicar en el caso concreto".

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Por último, en el tercer argumento, sostiene que el poder constituyente sí podía violar derechos humanos, en este caso, la reforma constitucional transgredía al principio de paridad de género durante el registro y el acceso a cargos de diputados y diputadas constituyentes del, en aquel entonces, Distrito Federal.

Además agregó que su acción de inconstitucionalidad debía ser admitida por que de ello dependía la prevalencia del principio de legalidad que se conecta con el artículo 74 y 135 de la Constitución.

Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad de Andrés Manuel López Obrador fue desechada por la Suprema Corte, el ministro Javier Laynez Potisek declaró improcedente la impugnación.

AMLO previó que no había fundamento para tumbar reforma judicial

Debido a esta experiencia, el expresidente Andrés Manuel López Obrador descubrió que no había una acción inconstitucional que “tumbara” la reforma judicial al llegar a la Carta Magna.

En una de sus conferencias matutinas cuando se habló sobre las impugnaciones él respondió que el Máximo Tribunal no tenía facultad.

, no existe [...] No les corresponde, no tienen facultad”, sustuvo.

Sin embargo, Morena ha decidido elevar a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, para que no hay lugar a dudas.

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