De ocurrir una sustitución abrupta de jueces y magistrados como plantea la reforma constitucional al Poder Judicial, más de 3 millones de casos en revisión en juzgados y tribunales están en riesgo de quedar atorados, alertan autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En un análisis interno denominado Problemas asociados con la iniciativa de reforma constitucional del Poder Judicial, presentado el 5 de febrero de 2024, el Máximo Tribunal advierte que el sistema judicial en México colapsaría si la reforma en esa materia pasa en sus términos.
Menciona que además de la afectación a más de 3 millones de casos, se incurriría en violación a obligaciones internacionales, violación a derechos laborales, realizar un proceso electoral innecesario que costará más de 30 mil millones de pesos, así como resoluciones al vapor por parte de jueces que teman ser sancionados por no resolver antes del plazo de seis meses.
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“La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor legitimidad. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza una mayor calidad en las decisiones judiciales. La elección popular de personas juzgadoras no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos y competencias necesarias para desempeñar la función judicial.
“El proceso de selección de personas candidatas para la reelección compromete su imparcialidad durante el desempeño de su cargo. La elección popular afectará el acceso a la justicia y la seguridad jurídica de las personas involucradas en procesos judiciales”, alerta el documento.
Se explica que actualmente el Poder Judicial de la Federación (PJF) se compone por 932 órganos jurisdiccionales (salvo por la SCJN y el TEPJF), que requieren de las labores de mil 580 titulares de órganos jurisdiccionales (juezas, jueces, magistradas y magistrados). Entre los órganos administrativos y jurisdiccionales suman un total de 54 mil 388 personas servidoras públicas, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal del Inegi (2023).
Se destaca que durante 2023 ingresaron un millón 473 mil 133 asuntos al Poder Judicial de la Federación, mientras que la cantidad de asuntos resueltos en el mismo periodo fue de un millón 413 mil 724: “Esto significa que, en promedio, cada persona juzgadora resolvió 895 asuntos durante ese año”.
En tanto, los poderes judiciales locales se componen por 5 mil 315 órganos jurisdiccionales y administrativos que requieren las labores de 73 mil personas servidoras públicas. Durante el año 2022 ingresaron 2 millones 154 mil 768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales un millón 320 mil 702 se concluyeron en primera instancia: “Durante dicho año, cada juzgador estatal fue responsable de la resolución de 428 asuntos en promedio”.
Entre los principales problemas que traerá la reforma, el informe puntualiza que con la elección popular de personas juzgadoras se interrumpirán de manera inmediata todos los procesos penales del país, pues la sustitución inmediata de juzgadores federales y locales pondrá en riesgo la continuidad y conclusión de alrededor de 3 millones de casos que son judicializados anualmente en México.
“El abrupto cambio de toda la Judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las víctimas e imputados.
“De un día para otro habrá nuevos juzgadores penales a cargo de procesos penales orales ya iniciados; las nuevas personas juzgadoras deberán conducir audiencias orales sin experiencia previa, e interactuar con fiscales y abogados y abogadas defensoras expertos en casos que no conocerán a profundidad. Esto se replicará posteriormente en los poderes judiciales locales de las entidades federativas”, señala.
La sustitución va ligada a otro problema, pues la reforma obliga a los juzgadores a emitir sentencias en un plazo máximo de seis meses, lo que podría derivar en resoluciones al vapor. Adicionalmente, la SCJN señala que el plazo de seis meses para resolver los asuntos no tiene sustento en ningún estándar nacional ni internacional.
El texto detalla que la destitución sin causa justificada de todas las personas juzgadoras federales actualmente activas, viola obligaciones laborales e incluso derechos internacionales del Estado mexicano.
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“La iniciativa propone remover en un solo momento a toda la Judicatura federal sin basarse en razones justificadas e individualizadas”.
Otra problemática que representa el proyecto de reforma al PJF son altos e innecesarios costos derivados del proceso de elección popular de la Judicatura federal y estatal, el cual estiman en más de 30 mil millones de pesos para elegir más de 7 mil cargos de entre más de 40 mil candidatas y candidatos.
“Se estima que el costo del proceso sería de alrededor de la mitad del costo de las elecciones federales 2024 que costaron $60 millones 451 mil 351.931. Se trata de una afectación presupuestaria innecesaria, en tanto existen mecanismos más efectivos, objetivos y razonables para la selección de personas juzgadoras que garantizan su independencia e imparcialidad y permiten destinar estos recursos a acciones de mejora sustantiva de la función judicial u otras áreas estratégicas del Estado”.
Juzgadores provienen del pueblo
En el texto hay un apartado en el que se estudia el perfil de las personas juzgadoras federales, en el que se advierte que quienes trabajan en el Poder Judicial provienen del pueblo y no de la élite, como se ha manejado.
El estudio explica que la mayoría de los jueces y juezas de Distrito creció en un hogar de clase media (52%); 25% en un hogar de clase media baja; 12.7% en un hogar de clase baja y sólo 9.9% reporta provenir de un hogar de clase media alta.
Más de 70% de jueces y juezas de Distrito estudió la educación primaria, secundaria y preparatoria en instituciones públicas, y más de 80% estudió la licenciatura en instituciones públicas.