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Constitucionalistas aseguraron que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la segunda parte del plan B electoral, refleja que, pese a los ataques contra ministros, éstos no se han dejado intimidar y ejercen sus funciones con autonomía y defienden la ley y la Carta Magna.
En entrevistas con EL UNIVERSAL aseguraron que, aunque el Poder Ejecutivo y Morena tengan mayoría en el Congreso, deben cumplir con las reglas del proceso legislativo.
Explicaron que las dos partes del plan B fueron suspendidas, por lo tanto, nunca se aplicaron, ni se aplicarán, “jurídicamente nunca existieron”, y recobran vigencia las normas que ya estaban, entonces el proceso electoral de 2024 se llevará a cabo con las “normas electorales vigentes”.
Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subrayó que los ministros de la Corte hacen uso de las facultades que la Constitución les confiere, que es hacer que se respete y garantice la Carta Magna.
“Esperamos que la Corte mantenga esa congruencia, que no es para favorecer los intereses de nadie ni de ningún político o sector económico, la SCJN se debe a la Constitución y a ella la tiene que proteger”, destacó.
Precisó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe organizar el proceso electoral de 2024 con las normas electorales que estaban vigentes antes del 2 de marzo de 2023, de tal forma que el instituto ya tiene claro que esa segunda parte del plan B no existe.
Comentó que si en el Congreso de la Unión la mayoría parlamentaria insiste en querer presentar una iniciativa y hacer las cosas bien, eso ya no aplicaría para el proceso electoral de 2024.
El abogado explicó que la Constitución establece límites de tiempo y ahorita estamos dentro de los 90 días en donde no se debe efectuar ninguna modificación a las reglas del proceso electoral que deberá estar iniciando en la primera semana de septiembre.
Juan Jesús Tito Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que los ministros otorgaron una suspepensión al plan B: “Nunca entró en vigor, lo único que se estaba viendo era si era válido o no… lo que están haciendo es expulsar toda la reforma del plan B, en cada una de las leyes y las reglas que rigen para la elección vigente, es decir, la ley que funcionó en la elección de 2018 va a aplicarse en 2024”, expuso.
El investigador dijo que al final del día esta idea de división de poderes queda muy bien librada en el sentido de que los argumentos son fundamentales: “No hay que olvidar que la Corte no le dice a Morena que es inconstitucional el plan B, lo único que está haciendo la SCJN, es que el procedimiento para poder legislar algo no cumplió ciertos mínimos”, refirió.
José María Soberanes, investigador de la Universidad Panamericana, explicó que después de lo que resolvió hace unas semanas la Corte sobre la primera parte del plan B, podía anticiparse que sería invalidada la segunda y tenemos división de poderes aún.
“Ojalá que tras las siguientes elecciones no se destruya… todavía hay una SCJN independiente. Sin embargo, hay serias amenazas contra ella y tenemos que estar muy atentos para defenderla, porque destruirla es uno de los grandes objetivos”, consideró.
Jessica Rosas, especialista en Derecho Electoral, expuso que el fondo que trastoca esos cuatro ordenamientos del segundo paquete del plan B, era el INE, esa transformación completa de querer acotar no sólo funciones, también al personal y dejar en la zozobra a miles de empleados a nivel nacional.
“[Hoy] representa mucho más allá de eso… es un día de júbilo a nivel nacional porque tenemos respeto a la Constitución, a las leyes, porque tenemos a la Corte”, puntualizó.
