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Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá declarar que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vulnera el principio de independencia judicial y el de división de poderes.
Hoy, los ministros entrarán al estudio del proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales tramitadas contra la ley que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el Presidente de la República. Este es el primer gran asunto contra la administración de Andrés Manuel López Obrador que analizará la Suprema Corte.
De acuerdo con el documento, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, buscará declarar que el Congreso de la Unión incurrió en una deficiencia legislativa que vulnera el principio de independencia, no sólo del Poder Judicial Federal, sino de los poderes judiciales locales.
Esto porque, señala, los legisladores no incluyeron una regulación particular acerca de las remuneraciones de los juzgadores, pues la reforma a la carta magna de 2009 incluye una serie de reglas sobre las retribuciones de los juzgadores del país, que no fueron incluidas en el texto actual.
“[En la ley hay una] deficiencia legislativa que no sólo se traduce en una violación al principio de independencia judicial, sino también impacta en el diverso principio de división de poderes”, indica.
“Elementos que patentizan la existencia de una obligación a cargo del legislador ordinario de establecer en el ordenamiento impugnado un tratamiento diferenciado de protección al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas, diferencia de trato que, se subraya, atiende a la naturaleza de la función judicial y uno de los principios torales que la rige: el de la independencia, por virtud del cual no sólo se protege a los juzgadores, sino a la sociedad, porque es la forma en la que se garantiza la resolución de controversias conforme a derecho”, se lee en el documento.
Por ello y porque el Congreso de la Unión no cumplió con los tiempos establecidos en los reglamentos y reformas para promulgar la ley de salarios, además de que incurrió en una omisión legislativa relativa porque no estableció elementos objetivos para fijar el salario del Presidente de la República, mismo que servirá como tope máximo para asignar las ganancias del resto de los servidores públicos, el ministro propondrá la invalidez total de la nueva norma federal.
Para que la ley sea declarada inválida se requiere que ocho de los 11 ministros voten a favor del proyecto presentado por Pérez Dayán.
Si esto ocurre, el Congreso deberá legislar en 90 días a contar dentro de los periodos ordinarios de sesiones, para crear nuevamente la ley de remuneraciones, en la que los legisladores observen el impacto que tiene en todo el servicio público.
En tanto, la Segunda Sala de la de la Suprema Corte pospuso indefinidamente la discusión de los impedimentos de jueces y magistrados para resolver los amparos tramitados por funcionarios contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
