La Consejería Jurídica de la Presidencia lleva un registro de las querellas legales que ha recibido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora se contabilizan 538 actos jurídicos contra las obras emblemáticas y reformas prioritarias del Ejecutivo federal.
En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la consejería explicó que las acciones más controvertidas son la reforma electoral en su primera y segunda parte, los presupuestos desde el año 2019 hasta el 2022 y el Tren Maya.
Destacan controversias y acciones de inconstitucionalidad a las reformas energética y eléctrica, a la Ley General de Ciencia y Tecnología y a la modificación para extinguir a la Financiera Rural, entre otras.
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El presidente López Obrador ha insistido en que sus obras y proyectos son los más atacados jurídicamente en la historia reciente, motivo por el que incluso publicó un decreto por el que declaró “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”, el cual también fue impugnado.
También señala que “es evidente que hace falta una reforma del Poder Judicial”, bajo el argumento de que “actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto”.
De acuerdo con el conteo suman ocho controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad en contra del 16 reformas, las cuales son: el decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos que propuso suspender temporalmente permisos de petrolíferos por cuestiones de seguridad nacional; de la Ley de la Industria Eléctrica que obligaba a dar prioridad al consumo de energía producida en las plantas del gobierno, muchas de las cuales operan a base de carbón y combustóleo; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para extinguir a la financiera rural; de la Ley de Ciencia y Tecnología, que excluyó del consejo a los representantes de Cinvestav, la UNAM, ANUIES, UAM, IPN y otras entidades, y en su lugar íntegro a la Sedena y Marina; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para modificar los plazos de concesión y las revisiones tarifarias; de la Ley Federal de Cinematografía, que exigía a las salas de cine destinar un mínimo de 15% de su tiempo total de exhibición para películas mexicanas, que ahora es de 10%.
Además están en pugna jurídica las reformas a las Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Protección Civil; la Ley Federal de Derechos; Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; la Ley General de Cambio Climático; Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre de 2020; así como de la Ley Aduanera.
También se tiene registro de 147 controversias constitucionales y seis acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022, mejor conocida como la primera parte de la reforma electoral.
También existe una controversia constitucional y siete acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el DOF el 2 de marzo de 2023.
Además, hay 19 controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad en contra de los presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, publicados en el DOF los días 28 de diciembre de 2018, 11 de diciembre de 2019, 30 de noviembre de 2020 y 29 de noviembre de 2021, respectivamente.
El Tren Maya es otra obra ampliamente impugnada, con un registro de 25 expedientes en trámite, en los que se señala como acto reclamado, entre otros, la construcción del proyecto Tren Maya al Presidente de México como autoridad responsable, a cargo de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso.
Al preguntar si existen denuncias, impugnaciones, controversias constitucionales u otras querellas contra la cancelación del NAIM, contra la construcción del AIFA, o de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la Consejería Jurídica señaló que “no se localizó información relacionada, lo que hace suponer la inexistencia de la misma, sin que ello implique una declaración formal o la confirmación de inexistencia”.
Respecto de la segunda parte de la reforma electoral, se informó que “esta área jurídica localizó 323 expedientes relacionados con impugnaciones en contra del decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023”.
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