Además de la oposición legislativa, la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta un sinnúmero de obstáculos, pues 22 organismos autónomos, organizaciones no gubernamentales, bancos y hasta integrantes de la iniciativa privada, nacionales y extranjeros, han pedido frenar la propuesta, con argumentos de que avalarla representará retrocesos, pérdidas económicas, daños al ambiente e incluso conflictos internacionales.
Además de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuyas autoridades recomendaron no aprobar la iniciativa, bajo el argumento de que la propuesta “renuncia al modelo de competencia en la generación y suministro de electricidad”, y, por el contrario, se prioriza un modelo “operado por un monopolio estatal no regulado”, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), la Cámara de Comercio del Canadá en México (Cancham), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron la propuesta.
Por su parte, el 11 de octubre del año pasado, la Cámara de Comercio del Canadá en México alertó que dicha reforma “tendrá consecuencias graves para el país”, pues “destruirá las inversiones de empresas canadienses”, además de que viola el tratado comercial T-MEC.
Leer también: Gertz argumenta simulación en cuidados a su hermano
El Imco también rechazó la propuesta en enero de este año, pues informó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene enlistados 103 permisos pendientes de aprobación solicitados entre 2019 y 2021. México Evalúa también emitió un pronunciamiento en el que asegura que la reforma “se puede caracterizar como una regresión a un régimen de Estado más centralizado, menos transparente y con nula rendición de cuentas”.
Por parte del sector empresarial, General Motors México, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index Nacional), la Coparmex, Concamin, y el CCE han rechazado aprobar la iniciativa en sus términos.
La Academia Mexicana de Derecho Energético, el Instituto de Energías Renovables, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz e incluso un grupo de senadores de Estados Unidos y la propia secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, también han rechazado la propuesta.
A nivel internacional, el Parlamento Europeo sostuvo que está a favor de que se reduzca el uso de combustibles fósiles, se utilicen energías renovables y que, de cambiarse la ley, no se “socave” la confianza de las inversiones, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la propuesta de reforma al sector eléctrico “generará más incertidumbre en las inversiones”.
A las voces en contra se han sumando BBVA México, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, International Chamber of Commerce de México, las empresas Chevron y ExxonMobil.
Defienden propuesta
En contraparte, autoridades de la Presidencia de la República, secretarios de Estado, funcionarios federales y gobernadores se han posicionado a favor.
El director de la CFE, Manuel Barlett, ha calificado a los opositores de la reforma de “mentirosos” y ha sostenido que con la reforma energética de 2013 “hicieron un sistema perverso, cuasi perfecto, pero lo único que les falló es que no ganaron las elecciones” de 2018, por lo que ahora “protegeremos la soberanía energética de México”.
La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, ha insistido en que la reforma busca fortalecer a la CFE, “pues es lo más conveniente para los mexicanos”, y sostiene que no se expropiará absolutamente nada.
