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Los fideicomisos bajo responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pueden ser sujetos de fiscalización sin necesidad de desaparecerlos, consideraron especialistas en política educativa.
Explicaron que éstos son figuras jurídicas creadas para agilizar la disponibilidad de recursos ante la dificultad de obtener presupuestos multianuales para algunos proyectos en específico.
Ana Razo, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que existen más consecuencias negativas que positivas en la desaparición de los fideicomisos, puesto que si bien sí existió opacidad o medidas discrecionales en algunos casos, no era una generalidad.
Comentó que lo que ha fallado es la aplicación de la ley para fiscalizarlos, por lo que se debe sancionar a las personas que hayan incurrido en irregularidades, no desaparecer el esquema.
“No podemos ser tan dicotómicos, de ‘es bueno o malo’, puede que hubiera medidas discrecionales, [pero] se pudo castigar a quien cometiera mal manejo.
“No es el error del fideicomiso, sino de la aplicación de la ley. El castigo no debe ser para los fideicomisos, sino para las personas. No es que se diseñara este esquema para desviar recursos, por eso tenemos que aplicar la ley”, dijo.
Lamentó la desaparición del Fideicomiso Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta, el cual atiende a la población que por alguna razón no ha podido concluir ese nivel educativo en el sistema escolarizado, como son jóvenes con discapacidad, personas que trabajan o que viven en lugares sin cobertura en dicho nivel.
Esta semana, EL UNIVERSAL reportó que en la SEP existen 22 fondos y fideicomisos públicos susceptibles a desaparecer, puesto que no tienen estructura, de acuerdo con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se afectarían fideicomisos que entregan becas para estudiantes de educación superior, como las de Fundación UNAM, apoyos a medallistas olímpicos y paralímpicos, fondos para la investigación científica e inclusive el sistema de educación de bachillerato a distancia.
Miguel Ángel Vértiz Galván, investigador especializado en política educativa de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), explicó que si bien hay casos en los que no existían mecanismos de rendición de cuentas para la operación y administración de los fideicomisos, también hubo otros, como el del Colegio de México y el CIDE, en los que el uso de los recursos era fiscalizado por entes colegiados.
“Los argumentos para su desaparición son que todos los fideicomisos son opacos y hay una generalización de corrupción.
“Lo que está pasando es que los fideicomisos se eliminan de un jalón, sin hacer un análisis de su impacto y gestión. El gobierno federal no ha analizado las buenas prácticas ni una propuesta de regulación para su transparencia y rendición de cuentas. Lo que está haciendo es retirar una importante cantidad de recursos de la ciencia y la innovación del país hacia otras actividades. No queda claro hacia dónde va a ir ese dinero”, dijo.
Explicó que se está pasando de un mecanismo opaco a otro aún más, pues no han quedado claros los procesos para desaparecer los fideicomisos, en qué se va a utilizar el dinero y cómo se va a elegir cuáles continuarán existiendo y cuáles no, de manera que cada fideicomiso está abogando y negociando por sí mismo.
