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En México, cuatro de cada 10 mujeres procesadas por algún delito han sido víctimas de tortura sexual, y en 80% de los casos los responsables son elementos de corporaciones policiacas.
Al presentar el Diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad en México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que hay 38 casos identificados por el gobierno de la República, que trabaja para atenderlos, resolverlos y garantizar justicia.
“El 80% de las agresiones se dan por parte de cuerpos de seguridad del Estado mexicano en el primer contacto con la autoridad. El 37% de estas agresiones y esta tortura sexual se da fundamentalmente en el momento de la detención y el traslado al Ministerio Público por parte de policías municipales y estatales, y cerca de 42% por la Policía Ministerial en el momento del tras- lado del Ministerio Público al centro de reclusión.
“Este dato habla por sí mismo. Es un dato que señala con toda precisión y claridad dónde tenemos, en lo fundamental, la comisión de este delito”, subrayó.
Advirtió que la situación debe ser atendida por las autoridades “con toda firmeza” para que no haya impunidad y se castigue severamente esas conductas de agentes del Estado mexicano.
Alejandro Encinas Rodríguez destacó que las entidades del país con más denuncias de tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad son el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Guanajuato y Morelos, las cuales concentran 50% de los casos.
Por ello, exhortó a las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República a emprender acciones penales contra los servidores públicos que han cometido estos ilícitos.
Resaltó también que es obligación de las fiscalías garantizar que existan médicos legistas y fiscalías especializadas para que puedan tener un perfil de género hasta promover la independencia de los servicios periciales de los ministerios públicos para fortalecer la imparcialidad de los dictámenes.
“Necesitamos también responsabilidad del Poder Judicial para favorecer la exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura y tortura sexual en específico. Y también para asegurar la admisión de peritajes médicos y sicológicos realizados por personas independientes”, enfatizó.
Alejandro Encinas explicó que se consideran tortura sexual agresiones como manoseo, desnudez forzada, golpes en senos, glúteos o genitales, violación sexual vía oral, vaginal o anal, amenazas de cometer violación o la introducción de objetos en distintas cavidades.
Resaltó que el Diagnóstico nacional sobre tortura sexual es parte de las obligaciones del Estado mexicano por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivada del caso Atenco, ocurrido en 2006, por el cual sobrevivientes de esas agresiones han solicitado justicia al gobierno del Estado de México.
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