“En los campos agrícolas del norte trabajamos y nos tratan como animales. Al gobierno ni a los patrones les importa si nos morimos trabajando, a pesar de que dicen que somos esenciales”, dijo Rocío Domínguez, jornalera y madre de familia que forma parte del ejército de alrededor de más de 3 millones de migrantes, la mayoría indígenas, que laboran en 21 campos y ranchos agroexportadores.
Rocío es una de los migrantes agrícolas que enfrentan el abandono de los gobiernos federal y estatales, y se estima que menos de 10% cuentan con IMSS o alguna prestación social.
A su vez, Margarita Nemecio, coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, expuso a EL UNIVERSAL que si se considera a las familias completas de jornaleros migrantes, es decir, hijos, nietos, sobrinos que viajan por periodos de dos, cuatro o seis meses a trabajar a otros estados, se hablaría de una población cercana a 9 millones, incluidos niños que en algunos casos sí laboran en los campos agrícolas.
Señaló que a pesar de que en la pandemia el gobierno federal los consideró “esenciales” en la cadena de producción de alimentos, no hubo ningún apoyo o mejora en temas de salario, de salud y seguridad social, ya que sólo entre 7% y 10% de los jornaleros están inscritos en el IMSS, muchos con esquemas temporales o que engañan a la autoridad y los dejan sin protección.
“Hay esquemas diferenciados donde el patrón los da de alta en el IMSS sólo si alguien enferma, una mujer está embarazada o alguien sufre un accidente.
“Otros sólo dan de alta cuando hay una auditoría para presentar la documentación y que sean certificados como empresas que cumplen, y en otros casos se les paga en efectivo y los patrones no tienen ninguna obligación más que llevarlos en un autobús al campo”, indicó.
Incluso, expuso, a pesar de que se asegura que el trabajo infantil está erradicado, la organización a la que pertenece ha documentado casos de explotación de menores en el sur de Sinaloa; en Fresnillo, Zacatecas, y Valle Florido, en Michoacán.
“Encontramos a niñas y niños haciendo actividad agrícola; otros, sólo acompañando a sus padres en las labores y algunos más acompañándolos durante la jornada porque no hay guarderías ni un lugar seguro para dejarlos”.
Lamentó que no exista una estadística actualizada del número de jornaleros agrícolas por parte del gobierno federal, estatales y municipales, ya que los últimos datos corresponden a 2020 con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pero “es evidente que la cifra de 3 millones creció porque hay nuevas empresas y campos agrícolas demandando más mano de obra”.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la pandemia y ante la demanda de alimentos del campo, el éxodo de jornaleros que salieron tan sólo de la Montaña en 2020 fue de 15 mil 422 personas de todas las edades, familias completas que no tuvieron acceso a cubrebocas, vacunas o servicios de salud.
En 2021, la cifra fue de 14 mil 732, y en lo que va de 2022 son 8 mil 81 los que han emigrado, pero se prevé que la cifra se duplique después de Día de Muertos.
Amamantando a su bebé y lista para emigrar con su familia en noviembre, Rocío Domínguez expuso que en los campos, patrones y capataces maltratan a las mujeres indígenas porque muchas no hablan español. “Nos dicen que somos indias, que no tenemos derechos y más si llevamos hijos chiquitos, porque no hay guarderías y tienen que andar en los surcos con nosotras, expuestos al frío o al calor.
“Vivimos en casas con techo de cartón, sin servicio médico, sin escuelas para nuestros hijos y por salarios miserables que tenemos que gastar en las tiendas de raya de los patrones”, para sembrar y cosechar alimentos.
“Yo digo que todo esto nos pasa porque no hay apoyo del gobierno, porque al patrón no le importa si te mueres en el surco o si tienes un accidente. A él lo único que le importa es su ganancia, su beneficio, porque cuando un jornalero se accidenta o una mujer va a dar a luz a él no le importa”, comentó la mujer oriunda de Ayotzinapa, Guerrero.
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