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Durante el mes de junio, cuando se retomaron algunas actividades socioeconómicas tras la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el coronavirus, las víctimas de seis delitos cometidos contra mujeres se incrementaron a nivel nacional.
El documento Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que los delitos de feminicidio, homicidio culposo, lesiones dolosa y/o culposa, secuestro y trata de personas volvieron a tener una tendencia al alza en el primer mes de desconfinamiento.
El homicidio culposo y las lesiones culposas, por ejemplo, alcanzaron su mínimo histórico de víctimas en mayo, pero en junio repuntaron hasta 30%. Otro ilícito es el feminicidio: en abril y mayo hubo 74 víctimas por mes, según las denuncias presentadas ante las fiscalías y procuradurías, y en junio la cifra alcanzó las 99.
Especialistas consultadas atribuyeron esta situación al aumento en la movilidad del país, además de señalar que entre abril y mayo fue más difícil presentar una denuncia porque los ministerios públicos trabajaron con menos personal o incluso las víctimas no podían salir de sus hogares para reportar los hechos.
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Los seis delitos contra mujeres que tuvieron un alza en junio dejaron en total 6 mil 49 víctimas. El ilícito más cometido fue la lesión dolosa, luego la lesión culposa, el homicidio culposo, el feminicidio, la trata de personas y el secuestro.
“En parte esto ha sido consecuencia de que las medidas [contra el Covid-19] se han ido relajando, lo cierto es que se ve mayor movimiento en las calles y en consecuencia hay un mayor ánimo social de recuperar actividades, entre ellas, la de denunciar”, señaló Nancy López, coordinadora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La experta advirtió que las fiscalías federal y estatales no estaban preparadas para atender una emergencia sanitaria de este tipo y ahora, como consecuencia, podrían enfrentar una acumulación de casos entre los rezagados de la cuarentena y los nuevos que se presenten.
Ximena Ugarte, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidió en que el mayor número de personas en las calles trajo mayor cantidad de denuncias, además de proyectar que la cifra puede crecer conforme pasen los meses.
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“Con el regreso paulatino a la movilidad social que hemos visto en junio, también estamos retomando la normalidad que ya no queremos, queremos que las cosas cambien porque las cifras muestran que la violencia contra las mujeres no se terminó con la política de #Quédateencasa”.
La vieja normalidad se asoma
El 12 de junio, en un conversatorio organizado por el Senado, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, advirtió que “la nueva normalidad será feminista o no será”, en el sentido de que después de la pandemia se deben garantizar los derechos de las mujeres.
Sin embargo, a reserva de lo que pueda ocurrir en el resto del año, los datos del primer mes del desconfinamiento no son alentadores. Las 6 mil 49 víctimas que hubo en junio por los seis delitos que repuntaron se acercaron a las 6 mil 440 que hubo en enero de este año por los mismos ilícitos.
“Los números hay que relacionarlos con varios factores, a lo mejor no hubo denuncias, pero la información que nosotros tenemos es que sí incrementó el delito, sobre todo la búsqueda de explotación sexual de menores y pornografía infantil”, dijo Claudia Deschamps, directora de la Casa Refugio del Pozo de la Vida, organización especializada en atender a víctimas de trata de personas.
En esto coincidió Nancy López, integrante de la CMDPDH, quien aseveró: “Es claro que la disminución de las denuncias no quiere decir que estos casos no hayan ocurrido, se debe tomar en cuenta que las condiciones para denunciar fueron mucho más complejas. En este contexto estaba el riesgo adicional del traslado, había poco personal en los MP y sobre todo las mujeres estaban resguardadas en casa con sus agresores”.
El reto: atender a las víctimas
Con la reapertura de las actividades gubernamentales, uno de los principales retos será la atención de las víctimas.
Deschamps compartió que estos últimos meses no han sido sencillos para su equipo y para las personas que atiende. Aunque hubo comunicación con las fiscalías, no se presentaron avances en las carpetas de investigaciones.
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“Ojalá que no olviden que esos archivos y expedientes que tienen en sus escritorios tienen una cara, tienen un rostro y son jóvenes en su mayoría menores de 18 años que merecen tener justicia y una vida diferente”, advirtió.
Mientras que Ugarte, también integrante de Justicia, Derechos Humanos y Género, urgió a diseñar un plan para atender a todas las mujeres que sufrieron algún delito y así evitar un subregistro.
“Se tendrá que hacer un plan de emergencia y de atención rápida a todas aquellas mujeres que ya van a poder salir. Las fiscalías generales van a tener que acreditar los delitos que correspondan y determinar la responsabilidad de los agresores, ya que creo que en muchos casos ocurridos en estos meses ya no va haber pruebas”, subrayó.
